En una sala de conferencias en Dhaka, investigadores de la Universidad de Cambridge y del Instituto de Gobernanza y Desarrollo BRAC desplegaron hace unos días los resultados de un estudio que observó a niños con discapacidad en aulas comunes de Bangladesh. Las cifras mostraron que la participación escolar de esos estudiantes había aumentado un 15% y el acoso disminuido un 8% cuando se aplicaba un modelo inclusivo con apoyo especializado. La escena, con gráficos proyectados y expertos internacionales, resumía una convicción que recorre hoy los ministerios de educación de todo el mundo: los datos pueden ser una herramienta poderosa para visibilizar a quienes el sistema suele ignorar.

Esa misma fe en la medición impulsa en Indonesia un ambicioso plan de digitalización. El gobierno de Prabowo Subianto ha distribuido pizarras interactivas digitales en 288.865 centros educativos y conectado a internet a 8.265 escuelas, con la meta de sumar otras 16.557 en 2026. Según evaluaciones oficiales, el 99,5% de los alumnos afirma que aprender con esos dispositivos es más atractivo y el 98% dice comprender mejor los contenidos. Sin embargo, la misma semana en que Yakarta celebraba esos avances, la ciudad de Batam se veía sacudida por la presunta filtración de 1.495 registros de postulantes al sistema de admisión escolar. La Agencia de Ciberseguridad y Criptografía inició pericias forenses digitales mientras el gobierno local instalaba sistemas de detección de intrusiones. La paradoja es elocuente: los datos que prometen personalizar la enseñanza también exponen a las familias a una vulnerabilidad inédita.

Esa dualidad alimenta un debate cultural más amplio. Analistas en Yakarta advierten, desde una perspectiva islámica, que el concepto de hifz al-‘aql —preservar el intelecto— ya no se limita a evitar sustancias que nublan la mente, sino que exige protegerse de la manipulación algorítmica y las noticias falsas. En paralelo, voces del ámbito educativo argentino defienden que la analítica de datos, lejos de deshumanizar, permite detectar a tiempo dificultades de lectoescritura y evitar que un niño quede rezagado. “Lo que no se mide difícilmente pueda mejorar”, escribía esta semana un especialista en La Nación, aunque subrayaba que la intuición docente sigue siendo irremplazable. La tensión no es entre números y humanidad, sino entre usar los datos como un faro o como un espejismo.

Mientras tanto, la realidad de millones de niños recuerda que la información sin intervención es estéril. En Indonesia, 3,96 millones de menores en edad escolar están fuera del sistema: 1,9 millones nunca han pisado un aula, casi un millón abandonó los estudios y otro millón no continuó tras graduarse. En Bangladesh, el 60% de los niños con discapacidad entre 5 y 17 años no accede a la educación formal. Y en Quebec, docentes agotados describen clases regulares donde la integración de alumnos con necesidades especiales se vuelve caótica por falta de especialistas. “La cour est pleine”, repiten, y reclaman escuelas con equipos multidisciplinarios que ofrezcan una ayuda real.

Al final, la imagen que persiste no es la de una pizarra digital encendida ni la de un gráfico de barras ascendente, sino la de esos 1.495 nombres de adolescentes de Batam que, por un instante, quedaron flotando en un foro de internet, como un recordatorio de que cada dato es, en el fondo, un rostro que espera ser mirado.