La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mercedes condenó a la Provincia de Buenos Aires a pagar 126,8 millones de pesos más intereses a Patricia Miriam Larroza, quien permaneció más de dos años en prisión preventiva acusada de instigar el homicidio de su pareja en 2013. El tribunal consideró que la medida cautelar fue irrazonable y careció de fundamentos sólidos, luego de que en el juicio oral la fiscalía retirara los cargos y se comprobara que el testigo principal integraba una organización dedicada a fabricar causas penales falsas. La indemnización, una de las más altas fijadas en la provincia por un caso de este tipo, reconoce 100 millones por daño moral y 26,8 millones por incapacidad psíquica, y destaca el impacto sobre los cuatro hijos de Larroza, uno de ellos con hidrocefalia y necesidades de cuidado permanente que ella no pudo atender durante su detención.

Desde la óptica de fuentes judiciales en Buenos Aires, el fallo sienta un precedente sobre la responsabilidad estatal por prisiones preventivas arbitrarias, al establecer que la sola declaración de un testigo de identidad reservada, sin corroboración mínima, no justifica una restricción prolongada de la libertad. Analistas en América Latina señalan que la decisión se inscribe en un debate regional más amplio sobre el uso excesivo de la prisión preventiva, particularmente en causas donde las acusadas son mujeres en situación de vulnerabilidad. En paralelo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo obtuvo una sentencia de 172 años de prisión contra Marco Antonio “N”, ex elemento de la Policía Municipal, por el feminicidio de su expareja Rosaura y el homicidio de otros dos familiares en febrero de 2025. El tribunal consideró probado que el ataque con arma blanca se produjo tras denuncias previas de acoso que, según versiones de la familia, no fueron atendidas oportunamente.

En el plano internacional, dos casos con víctimas de origen indio reavivan la atención sobre la violencia de género en contextos migratorios. En Bellevue, Washington, Avinash Narne, ingeniero de software oriundo de Telangana, fue arrestado por la presunta estrangulación de su esposa Raajitha Sabbineni apenas cuatro meses después de la boda. De acuerdo con la investigación policial estadounidense, el acusado llamó repetidamente a otra mujer en India el día del crimen y le envió una fotografía del cuerpo. La autopsia determinó asfixia por estrangulamiento, y la víctima había comunicado a amistades que un batido preparado por su marido tenía un sabor amargo inusual. En Melbourne, Australia, Srinivas Achanta, de 39 años y también de origen indio, enfrenta un cargo de asesinato por la muerte de su esposa Lavanya Achanta, hallada sin vida en su domicilio de Vermont mientras dos niños estaban en la casa. La policía del estado de Victoria informó que los menores no sufrieron lesiones físicas y que el acusado fue detenido tras ser hospitalizado bajo custodia.

Observadores en la diáspora india señalan que estos episodios reactivan el escrutinio sobre las dinámicas de pareja en matrimonios transnacionales recientes y la respuesta de los sistemas judiciales de los países de acogida. Mientras en Estados Unidos la fiscalía construye el caso a partir de evidencia digital y testimonial, en Australia el acusado permanece en prisión preventiva y deberá comparecer en una audiencia de mención el 7 de noviembre. En Hidalgo, la sentencia ya fue dictada y se ordenó la reparación integral del daño. En Argentina, el fallo indemnizatorio es definitivo y la provincia deberá liquidar el monto con intereses calculados al 6% anual desde la fecha de la detención, el 26 de agosto de 2013, lo que eleva significativamente la suma final.