La confianza en las instituciones de seguridad se resquebraja cuando quienes deben proteger se convierten en agresores. En Australia, un oficial superior de la Policía de Queensland enfrenta cargos por violación y agresión indecente, un caso que llegará a juicio en 2027 y que ha conmocionado a la opinión pública. En Nueva Escocia, Canadá, un agente fue hallado negligente en su respuesta a un caso de violencia doméstica por no identificar a la víctima principal. Esta crisis de integridad se extiende a otros ámbitos: en Ghana, docentes mantienen relaciones sexuales con estudiantes, destruyendo la confianza familiar, mientras que en el Reino Unido, redes criminales utilizan vapeadores para captar a menores de 13 años a la salida de los colegios y someterlos a explotación sexual y delincuencia forzada.

Las fallas sistémicas agravan la vulnerabilidad. En Victoria, Australia, una auditoría reveló que el gobierno no puede determinar si las cámaras de vigilancia para conductores distraídos reducen realmente los accidentes, pese a haber emitido casi 190.000 multas. Una década después de que una comisión real advirtiera sobre el uso de servicios esenciales para perpetrar violencia económica, los reguladores aún no han cerrado las brechas que permiten a los agresores controlar a las víctimas a través de cuentas de electricidad o agua. En Argentina, las amenazas de tiroteos en escuelas —tras el caso de San Cristóbal, donde un alumno mató a un compañero— han alterado la vida escolar y evidencian una problemática social arraigada en la pauperización docente y la violencia estructural.

Las estadísticas delictivas ofrecen un panorama mixto. Victoria registró su primer descenso de criminalidad en cuatro años, con una caída del 0,2% y un 6% menos de infracciones juveniles, aunque los robos persisten. En Nueva Gales del Sur, el hurto de bicicletas eléctricas se dispara, mientras que en Canberra la policía arrestó a 149 personas por hurto y conducta antisocial en cinco meses y reforzó la presencia en el centro tras amenazas a un taxista. En Canadá, un hombre fue detenido con un barco robado valorado en 300.000 dólares, muestra de delitos patrimoniales de alto impacto.

Desde América Latina, las amenazas escolares argentinas reflejan la precarización educativa y la naturalización de la violencia; en España, el foco está en proteger a los menores de nuevas formas de captación digital. Analistas en Bruselas subrayan que la explotación de servicios básicos para ejercer violencia económica es un desafío regulatorio compartido en Europa. La respuesta, coinciden expertos, debe integrar reformas normativas, evaluación rigurosa de políticas y un enfoque centrado en las víctimas, para que las instituciones recuperen su función de refugio y no de amenaza.