El episodio más estremecedor de la última escalada en Cisjordania ocurrió en la aldea de Burqa, al este de Ramala, donde un grupo de colonos israelíes irrumpió en una mezquita mientras los fieles se encontraban en su interior. Según testimonios recogidos por medios palestinos, los atacantes forzaron la puerta del templo, rociaron la entrada con líquido inflamable y le prendieron fuego, tras haber incendiado previamente un vehículo estacionado en las inmediaciones. Los propios feligreses lograron sofocar las llamas antes de que el fuego se propagara al resto del edificio, evitando lo que pudo convertirse en una tragedia de consecuencias impredecibles. El suceso, calificado desde Ramala como un intento de crimen de odio religioso, refleja el carácter cada vez más desinhibido de la violencia de los colonos.

La acción contra la mezquita no fue un hecho aislado. En la misma jornada, colonos atacaron la localidad de Deir Dibwan, también al este de Ramala, donde quemaron varios automóviles y agredieron a residentes. Más al norte, en la provincia de Qalqilya, el pueblo de Jeet fue escenario de la quema de tierras agrícolas y de cuatro vehículos, mientras que en Ein Arik, al oeste de Ramala, se lanzaron cócteles molotov contra tres viviendas y se disparó contra los vecinos que intentaban repeler el asalto. En Naplusa, una marcha provocadora de colonos por la céntrica calle Ammán, acompañada de consignas que reivindican su derecho sobre la ciudad, elevó la tensión. Paralelamente, en las áridas colinas de los altos del valle del Jordán, al este de Tubas, se erigió un nuevo puesto de avanzada en la zona de Safeh Tayasir y se introdujo ganado en tierras de cultivo palestinas, mientras las topadoras continuaban allanando el terreno en la llanura de Sorra, al oeste de Naplusa. El ejército israelí afirmó haber desplegado efectivos para contener disturbios violentos protagonizados por civiles israelíes, pero desde la óptica de El Cairo se subraya que la presencia militar rara vez termina en detenciones o procesamientos efectivos.

La Autoridad Palestina, con sede en Ramala, denunció los ataques como terrorismo organizado y urgió al Consejo de Seguridad de la ONU a imponer sanciones y a garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia internacional. Esta petición se suma a la creciente frustración en las capitales latinoamericanas, donde analistas observan un lenguaje diplomático cada vez más asertivo sobre la situación en Cisjordania, aunque con escasa incidencia práctica. La simultaneidad de estas agresiones —en más de cinco gobernaciones palestinas en un solo día— refuerza la hipótesis, sostenida por observadores europeos, de que existe una estrategia calculada para fragmentar el territorio, vaciar de población las zonas rurales y hacer inviable un futuro Estado palestino.

Las incursiones de colonos se producen en un contexto de repetidas irrupciones en la Mezquita de Al-Aqsa y de una acelerada expansión de los asentamientos, factores que, en opinión de diplomáticos en Bruselas, están llevando el conflicto a un punto de ignición. Mientras los líderes comunitarios palestinos alertan de que la pasividad internacional normaliza la violencia, los ataques a lugares de culto introducen una dimensión confesional que podría desatar una reacción en cadena mucho más amplia. La incógnita es si la comunidad internacional se limitará a condenar de palabra o si, por el contrario, traducirá la indignación en medidas concretas antes de que la próxima llamarada consuma cualquier horizonte de paz.