El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este martes la suspensión inmediata del proceso de empalme con la administración de Gustavo Petro y acusó al mandatario saliente de orquestar un “golpe de Estado” para impedir la alternancia en el poder. En una declaración transmitida por redes sociales, De la Espriella instruyó a su vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, a cesar todo contacto con el gobierno en funciones y solicitó a las Fuerzas Militares “proteger la Constitución y la democracia” y no acatar directivas que, a su juicio, vulneren el orden constitucional. La decisión se produjo horas después de que Petro reiterara que no reconoce la legitimidad del gobierno entrante y afirmara, sin presentar pruebas, que el verdadero ganador de los comicios del 21 de junio fue el senador Iván Cepeda, candidato del oficialista Pacto Histórico.

Desde la Casa de Nariño, el ministro de Hacienda y coordinador del comité de empalme saliente, Germán Ávila, respondió con la suspensión de las mesas conjuntas y anunció una denuncia penal contra Carlos Alonso Lucio, ideólogo del equipo entrante, por declaraciones que el Ejecutivo califica de calumniosas. El gobierno de Petro sostiene que el empalme fue desnaturalizado por la oposición para convertirlo en una “auditoría anticorrupción” y en una plataforma de persecución judicial. En paralelo, la bancada del Pacto Histórico confirmó que presentará una acción de nulidad electoral ante el Consejo de Estado, basada en presuntas irregularidades en los sistemas de votación que, según el presidente saliente, involucrarían algoritmos de empresas extranjeras. Pese a la escalada retórica, Petro aseguró que entregará el mando el 6 de agosto a medianoche, aunque convocó movilizaciones para el 20 de julio y respaldó la “desobediencia civil” anunciada por Cepeda.

El quiebre institucional ha generado reacciones desde distintos sectores del Estado y la sociedad civil. La Contraloría General de la República reconoció la legitimidad del gobierno electo e instalará una mesa técnica con el vicepresidente Restrepo para entregar diagnósticos sectoriales, mientras que la Procuraduría y la Contraloría recordaron mediante una directiva conjunta que la rendición de cuentas es una obligación legal ineludible. Gremios como Asobancaria y Andeg emitieron comunicados en los que instan a respetar los resultados avalados por observadores internacionales y a preservar la estabilidad institucional. Desde la óptica de analistas en Bogotá, la suspensión del empalme y el llamado a las Fuerzas Armadas evocan episodios de crisis democrática en la región y ponen a prueba la solidez del sistema de transición pacífica que Colombia ha mantenido durante décadas.

El trasfondo de la crisis es una elección decidida por un margen inferior al 1% de los votos, en la que De la Espriella, un abogado respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, se impuso con la promesa de mano firme contra el narcotráfico y las guerrillas. El equipo del presidente electo anunció que continuará recabando información mediante un “Empalme Anticorrupción” con herramientas tecnológicas y auditorías forenses, al margen de los canales oficiales rotos. La posesión del nuevo mandatario está prevista para el 7 de agosto, en un clima de extrema polarización que, según fuentes diplomáticas europeas, podría complicar la cooperación internacional en materia de seguridad y derechos humanos si no se restablecen los puentes institucionales antes del cambio de mando.