Estados Unidos puso en vigor este viernes 24 de julio una nueva ronda de aranceles a las importaciones procedentes de 60 países y territorios, con tasas que oscilan entre el 10 % y el 12,5 %. La medida, adoptada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, reemplaza un arancel global temporal que expiraba hoy y se justifica, según Washington, porque los socios comerciales no han aplicado medidas suficientes para impedir la entrada de bienes producidos con trabajo forzoso. Los países que ya cuentan con prohibiciones legales contra esta práctica —como Canadá, el Reino Unido, Brasil y los miembros de la Unión Europea— recibieron la tasa mínima del 10 %, mientras que a otros, entre ellos China, Japón e India, se les aplica el máximo del 12,5 %.

Desde Pekín, el portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, condenó “todas las formas de medidas arancelarias unilaterales” y advirtió que “las guerras arancelarias y comerciales no benefician a ninguna de las partes”. La reacción china se produce en un contexto de tensas negociaciones bilaterales: aunque el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo Xi Jinping acordaron en octubre pasado una tregua y en mayo de este año se reunieron en Pekín para explorar reducciones arancelarias recíprocas, los nuevos gravámenes amenazan con reavivar el conflicto. Analistas en Shanghái señalan que Pekín mantiene una “comunicación fluida” con Washington sobre un futuro Consejo de Comercio bilateral, pero no descartan represalias si los aranceles se consolidan.

En Bruselas, la Comisión Europea valoró que los aranceles “están en línea con los compromisos” adquiridos en la declaración conjunta de Turnberry y recordó que la UE ya cumplió su parte del acuerdo. Londres, por su parte, restó importancia al anuncio y afirmó que el límite del 10 % pactado el año pasado en su acuerdo privilegiado con Estados Unidos sigue vigente, por lo que “no hay cambios para el Reino Unido”. Otras economías latinoamericanas, como Brasil, calificaron las tasas de “arbitrarias” e “infundadas”, mientras que Australia las tachó de “injustificadas”. En el sudeste asiático, países como Indonesia y Malasia se beneficiaron del arancel reducido del 10 % al haber adoptado legislación contra el trabajo forzoso, mientras que economías como Tailandia y Filipinas quedaron sujetas al 12,5 %.

La ofensiva arancelaria de Trump se produce después de que la Corte Suprema estadounidense anulara en febrero buena parte de los aranceles impuestos anteriormente, lo que limitó su capacidad para aplicar gravámenes discrecionales. El nuevo esquema busca reconstruir esa “muralla arancelaria” invocando la excepción de trabajo forzoso. El representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, subrayó que Washington aplica “con rigor” la prohibición de importar bienes producidos mediante explotación laboral y exigió a sus socios “hacer lo mismo”. El próximo hito será la posible reactivación del Consejo de Comercio bilateral entre Pekín y Washington, cuyas funciones y estructura están aún por definirse, y la eventual negociación de una reducción arancelaria mutua que ambas partes han cifrado en 30.000 millones de dólares.