Una semana después de que dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieran el norte de Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia, el país afronta una emergencia humanitaria de proporciones aún no cuantificadas con precisión. Según el último parte oficial ofrecido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, los terremotos han causado 1.943 muertos, 10.571 heridos y 15.866 damnificados, y los equipos de rescate han logrado extraer con vida a 6.461 personas de entre los escombros. La zona más castigada es el estado costero de La Guaira, donde barrios enteros como Catia La Mar y Caraballeda quedaron reducidos a ruinas. Pese a que la ventana crítica de 72 horas para hallar sobrevivientes se cerró hace días, los rescatistas —más de 2.000 efectivos de una treintena de países, apoyados por 160 perros adiestrados— aún consiguieron sacar con vida a un niño de tres años en la jornada del martes, un hecho que las autoridades calificaron de excepcional.

La crisis sanitaria y logística se agrava por horas. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el sistema hospitalario venezolano está “bajo presión extrema”: al menos 38 centros resultaron dañados, tres de ellos quedaron inoperativos y el resto trabaja al límite de su capacidad. Portavoces de Naciones Unidas alertaron sobre el riesgo inminente de brotes de sarampión, difteria, dengue y malaria, favorecidos por las bajas coberturas de vacunación y el hacinamiento en refugios improvisados donde miles de personas carecen de agua potable, alimentos y saneamiento básico. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) constató que cuatro de cada diez desplazados en La Guaira duermen a la intemperie o en instalaciones precarias, mientras el Programa Mundial de Alimentos solicitó 50 millones de dólares para asistir a medio millón de damnificados durante los próximos tres meses.

La dimensión real de la tragedia sigue siendo una incógnita. El gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez no ha divulgado una cifra oficial de desaparecidos, pero una plataforma digital impulsada por la sociedad civil registra más de 40.000 personas cuyo paradero se desconoce. La ONU, que coordina la adquisición de 10.000 bolsas mortuorias, considera “aterradoramente plausible” que el número de fallecidos se eleve hasta varias decenas de miles, en línea con las proyecciones del Servicio Geológico de Estados Unidos. Equipos de rescate internacionales relataron que, en muchos puntos, la falta de maquinaria pesada y combustible obligó a los propios vecinos a excavar con las manos durante los primeros días, mientras crecía la frustración por la respuesta oficial. Desde Caracas, el gobierno defendió su actuación y atribuyó las demoras al “caos inicial”, al tiempo que restringió el acceso de la prensa a la zona de desastre y centralizó la distribución de la ayuda humanitaria.

El seísmo ha reavivado las tensiones políticas en un país intervenido de facto por Washington desde la captura de Nicolás Maduro en enero. La opositora María Corina Machado intentó regresar a Venezuela desde Estados Unidos, pero su vuelo fue desviado tras señales de la administración Trump de que su presencia podría entorpecer las labores de socorro. Analistas en América Latina observan que la catástrofe ha puesto al descubierto la fragilidad institucional del chavismo post-Maduro y la dependencia de la ayuda internacional, mientras la reconstrucción de las zonas devastadas —con daños estimados en 6.700 millones de dólares, equivalentes al 6 % del PIB— se perfila como un proceso que redefinirá el equilibrio de poder en el país. Las cifras de víctimas, advierten fuentes humanitarias, seguirán siendo provisionales mientras los equipos de rescate continúen removiendo escombros y los hospitales forenses permanezcan desbordados.