El Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información de India envió el 1 de julio una notificación a Meta en la que le exige congelar el lanzamiento de los nombres de usuario en WhatsApp y justificar la funcionalidad en un plazo de tres días. La medida, que impide cualquier activación hasta que las consultas con el gobierno concluyan “a su satisfacción”, representa una escalada en la supervisión de las plataformas tecnológicas por parte de Nueva Delhi y afecta al mayor mercado de la aplicación, con más de 500 millones de usuarios.

La función, anunciada como una mejora de privacidad, permitiría a los usuarios comunicarse mediante un alias único en lugar de compartir su número de teléfono. Las autoridades indias argumentan que la ocultación del número podría “aumentar materialmente la incidencia de fraudes en línea, phishing, estafas de arresto digital y ataques de suplantación”, al facilitar que actores maliciosos contacten a víctimas sin revelar su identidad. El temor se sustenta en un contexto de ciberdelincuencia al alza: datos oficiales citados por agencias internacionales indican que los indios perdieron cerca de 3.000 millones de dólares por fraude cibernético en 2025, casi cuarenta veces más que en 2021.

WhatsApp, propiedad de Meta, respondió que la característica aún no está activa y que incorpora múltiples capas de defensa. La compañía detalló que ha reservado los nombres de figuras públicas, entidades gubernamentales y cuentas verificadas para sus legítimos dueños, y que los usuarios deberán conocer el alias exacto para iniciar un contacto, sin que exista un directorio público de búsqueda. Adicionalmente, se introducirá una “clave de nombre de usuario” opcional que añade un segundo factor de verificación. A pesar de estos resguardos, el gobierno indio amplió el escrutinio a Telegram y Signal, plataformas que ya operan con sistemas de alias, y solicitó explicaciones sobre cómo mitigan los riesgos de suplantación y fraude.

Desde la sociedad civil, la Internet Freedom Foundation calificó la directriz como un intento del gobierno de decidir qué características puede desarrollar una empresa, sin una base legal clara en la Ley de Tecnología de la Información. La organización sostiene que el combate al fraude debe dirigirse contra los delincuentes mediante la aplicación de la ley, no restringiendo preventivamente funcionalidades. Analistas en Nueva Delhi observan que la intervención se inscribe en un patrón de fricción regulatoria que incluyó el bloqueo temporal de Telegram semanas atrás, en parte por preocupaciones similares sobre el anonimato.

El futuro inmediato de la función en India depende de la respuesta de Meta al requerimiento gubernamental y del desarrollo de las consultas. La notificación advierte que, de no cumplir con las obligaciones de diligencia debida, la plataforma podría perder la inmunidad legal que la protege frente a los contenidos de los usuarios. Mientras tanto, la reserva de nombres de usuario continúa en otras regiones, y el desenlace de este pulso regulatorio será observado de cerca por otras economías con grandes bases de usuarios y marcos de protección de datos en evolución.