La Comisión Europea anunció este lunes que presentará una propuesta legislativa para restringir el acceso de los menores a las redes sociales en los 27 Estados miembros, basándose en un informe de expertos que recomienda un sistema escalonado por edades. La presidenta Ursula von der Leyen adelantó que la iniciativa, prevista para después del verano europeo, buscará armonizar las normas nacionales y establecer una edad mínima común, con el objetivo de frenar los efectos nocivos del uso excesivo de pantallas en la salud mental infantil.

Desde Bruselas se subraya que la seguridad de los menores en línea es una prioridad absoluta. El panel de especialistas, copresidido por el psiquiatra alemán Jörg Fegert y la epidemióloga francesa Maria Melchior, propuso prohibir cualquier pantalla para los menores de tres años, limitar el acceso a redes sociales a los niños de entre 3 y 13 años a períodos supervisados por adultos, y permitir un uso autónomo progresivo a los adolescentes de 13 a 18 años solo en plataformas que demuestren ser seguras desde el diseño. Von der Leyen calificó este enfoque de “muy convincente” y recordó que, al igual que no se entregan las llaves de un coche a un menor sin carné, debe fijarse una edad legal para el acceso a las redes sociales.

La iniciativa comunitaria se produce en un contexto de creciente fragmentación normativa dentro de la UE. Francia ya ha fijado el límite en 15 años, España debate elevarlo a 16, y Alemania mantiene los 16 años para el consentimiento de datos, mientras que Estonia se opone a cualquier prohibición. Fuera del bloque, Australia implementó en diciembre un veto para menores de 16 años, aunque un estudio reciente revela que el 85% de los adolescentes de 12 a 15 años sigue utilizando las plataformas, lo que evidencia las dificultades de aplicación. El Reino Unido prepara una medida similar, y países como China, India y Estados Unidos también exploran restricciones.

La propuesta de Bruselas se apoyará en la Ley de Servicios Digitales (DSA), que ya exige a las plataformas un deber de diligencia frente a los usuarios vulnerables, y en investigaciones abiertas contra TikTok y Meta por diseños adictivos. Los expertos insisten en que la carga de la prueba debe recaer en las empresas tecnológicas, que deberán acreditar la inocuidad de sus servicios antes de ofrecerlos a menores. La Comisión examinará ahora las distintas legislaciones nacionales y presentará su proyecto normativo previsiblemente en septiembre, durante el discurso sobre el estado de la Unión, para iniciar después la negociación con el Parlamento Europeo y el Consejo.