El arancel adicional del 25% impuesto por Estados Unidos a una parte de las exportaciones brasileñas entró en vigor este miércoles 22 de julio de 2026. La medida, resultado de una investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio estadounidense, grava alrededor de 3.000 productos y, según cálculos de la Confederación Nacional de la Industria, afecta a un 18% de las ventas brasileñas al mercado norteamericano, equivalentes a unos 11.000 millones de dólares. Quedan exentos bienes estratégicos como el petróleo crudo, el café en grano, la carne bovina y las aeronaves, pero sectores como el de maquinaria, calzado, papel y etanol soportarán la sobretasa.

La investigación del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) concluyó que Brasil mantiene prácticas que “restringen o perjudican” el comercio bilateral, citando el sistema de pagos PIX, la regulación de plataformas digitales, barreras al etanol, deficiencias en el combate a la corrupción y al desmatamiento, y la concesión de preferencias arancelarias a otros socios. Desde Brasilia, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva calificó la decisión de “injusta, indebida y descabellada” y un “marco lastimable” en la relación bilateral, pero ha optado por no activar de inmediato la Ley de Reciprocidad Económica, aprobada por unanimidad en el Congreso en 2025. El vicepresidente Geraldo Alckmin descartó una represalia inmediata con el argumento de que “ojo por ojo puede dejar ciegos a ambos”, y subrayó que la prioridad es la negociación diplomática.

La estrategia de contención de daños incluye reuniones con los sectores exportadores afectados —calzado, máquinas, plásticos, madera— para diseñar líneas de crédito de emergencia, ampliar el programa Brasil Soberano y acelerar la diversificación de mercados hacia China, la Unión Europea y la India. Los empresarios, en su mayoría, se han manifestado en contra de una respuesta arancelaria recíproca, temiendo una escalada que encarezca insumos importados y perjudique al consumidor brasileño. Analistas en São Paulo y Washington coinciden en que la decisión de Trump tiene un fuerte componente político, dirigido tanto a las prácticas comerciales como al propio Lula, en un año electoral en Brasil.

El escenario podría agravarse en los próximos días. El USTR tiene previsto anunciar el viernes 24 de julio una nueva tasa de hasta el 12,5% sobre importaciones de países que, a su juicio, no prohíben la entrada de bienes producidos con trabajo forzoso. Brasil figura entre los 60 socios señalados, y el gobierno teme que la nueva tarifa se acumule a la del 25%, elevando la carga total al 37,5%. Mientras tanto, la administración Trump prepara un barrido arancelario más amplio que sustituya el gravamen global temporal del 10% que expira esta misma semana, lo que mantiene en vilo a los mercados y a los socios comerciales de Washington.