El asalto ocurrió la noche del sábado 27 de junio, cuando militantes embistieron con un vehículo cargado de explosivos la entrada del cuartel general provincial de los Rangers de Sindh en Karachi. Se desató un intercambio de disparos que se prolongó por al menos 90 minutos, con saldo de entre tres y cuatro paramilitares fallecidos y varios heridos, mientras que las fuerzas de seguridad abatieron a entre tres y seis atacantes y capturaron a un herido, identificado como de nacionalidad afgana. El grupo militante Jamaat-ul-Ahrar, escisión del proscrito Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), reivindicó la acción.

Desde Islamabad, el mando militar paquistaní afirmó que la agrupación opera como «proxy» de India, sin presentar pruebas, y prometió operaciones de represalia. En respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores de India, por boca de su portavoz Randhir Jaiswal, rechazó «categóricamente» las imputaciones y señaló que Pakistán debería «mirar hacia adentro, adoptar medidas creíbles contra la infraestructura terrorista en su territorio y deshacerse de su propensión a recurrir al terrorismo como instrumento de política estatal». La réplica india se produjo en un contexto de repetidas acusaciones similares por parte de Islamabad, que en el pasado han sido negadas por Nueva Delhi, según destacan analistas sudasiáticos.

El ataque marca el incidente de mayor envergadura en Karachi desde octubre de 2024, cuando un atentado suicida contra un convoy chino causó dos muertos, y elevó las alarmas sobre un repunte de la violencia urbana en el país. Fuentes en Kabul niegan sistemáticamente las acusaciones de Pakistán de brindar santuario a grupos militantes, y expertos en seguridad de la región advierten que las tensiones bilaterales pueden traducirse en nuevos bombardeos aéreos paquistaníes sobre territorio afgano, como los realizados en meses recientes.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y el presidente Asif Ali Zardari condenaron el ataque y elogiaron la respuesta de las fuerzas de seguridad, en tanto las autoridades de la provincia de Sindh ordenaron una investigación detallada. La advertencia de represalias por parte de Pakistán mantiene abierta la posibilidad de una escalada, mientras el expediente diplomático queda a la espera de que Islamabad presente, eventualmente, los elementos probatorios que sustentan su acusación contra India.