Las fuerzas ucranianas atacaron en la madrugada del sábado la fábrica de armamento Titan-Barrikady en Volgogrado, en el suroeste de Rusia, con misiles de crucero de fabricación nacional FP-5 Flamingo. El presidente Volodímir Zelenski confirmó la operación y la enmarcó en una ofensiva de 40 días ordenada por Kiev para “influir en el Estado agresor” y presionar por el fin de la guerra. Las autoridades regionales rusas informaron de al menos un muerto y once heridos, así como de daños en instalaciones industriales. Según el Estado Mayor ucraniano, la planta produce lanzadores autopropulsados y vehículos de apoyo para los sistemas de misiles Iskander-M, empleados por Moscú contra ciudades ucranianas.

En paralelo, Rusia lanzó una nueva oleada de ataques con drones y misiles balísticos contra territorio ucraniano. En la región de Dnipropetrovsk, un bombardeo mató a una persona e hirió a dos, mientras que en Sumy un hombre de 66 años falleció por el impacto de un dron contra una vivienda. En Zaporiyia, nueve civiles resultaron heridos —entre ellos dos niños— y un edificio residencial quedó parcialmente destruido. La compañía energética estatal Naftogaz denunció que sus instalaciones de producción en las regiones de Poltava y Járkov fueron alcanzadas por al menos cuatro misiles balísticos, uno con cabeza de racimo, y varios drones, lo que provocó incendios y daños aún en evaluación. En la localidad de Hórlivka, bajo control ruso en la región de Donetsk, una mujer murió en un ataque atribuido a las fuerzas ucranianas.

Desde la perspectiva diplomática, Zelenski afirmó que Ucrania ha transmitido propuestas de paz a sus socios clave y a “amigos de Putin”, y sostuvo que “una reunión es posible y poner fin a esta guerra es posible”. El mandatario instó a Rusia a “dar ese paso hacia la paz”. El anuncio coincidió con un encuentro entre Vladímir Putin y el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, en la residencia de Valdái, donde según el Kremlin se abordaron asuntos de seguridad regional. Lukashenko había revelado contactos con representantes ucranianos en Minsk en medio de tensiones por la presencia de repetidores de señal cerca de la frontera, que Kiev exigió desmantelar. Mientras, la Comisión Europea propuso extender hasta marzo de 2028 la protección temporal para los refugiados ucranianos, aunque con restricciones para los hombres en edad militar que abandonen el país sin autorización.

La campaña de 40 días representa un salto cualitativo en la estrategia de Kiev, que busca degradar la capacidad industrial militar rusa y trasladar los costes del conflicto al interior de Rusia. En la península de Crimea, anexionada por Moscú, las autoridades declararon el estado de emergencia por la escasez de combustible y los cortes eléctricos derivados de los ataques ucranianos, mientras el Ministerio de Defensa ruso afirmó haber derribado 660 drones en una sola noche, una de las cifras más altas desde el inicio de la invasión. Analistas en Moscú observan que las críticas de figuras nacionalistas al Kremlin, que reclaman una escalada mayor o incluso el uso de armas nucleares, reflejan el malestar por la prolongación de la guerra. El dossier permanece abierto: las hostilidades continúan sin un alto el fuego a la vista, y los canales diplomáticos, aunque activos, no han acercado posiciones sobre las condiciones para un eventual cese de las operaciones militares.