El Gobierno argentino profundizó durante el primer semestre de 2026 el ajuste sobre las provincias. Las transferencias no automáticas a los 24 distritos subnacionales y a la Ciudad de Buenos Aires se contrajeron un 61,8% interanual, hasta totalizar $639.589 millones, según datos de la consultora Politikon Chaco. Se trata del segundo peor registro desde 2005, solo superado por el de 2024. En junio, los envíos se desplomaron un 87,7% frente al mismo mes del año anterior, concentrados en tres programas: la universalización de la jornada extendida, obras de agua y saneamiento, y cajas previsionales provinciales. Paralelamente, el gasto primario devengado de la Administración Nacional acumuló una baja real del 2,3%, con la obra pública y las transferencias a provincias como los rubros más castigados, de acuerdo con la consultora Analytica.

En Brasil, el deterioro de las cuentas públicas alteró la percepción de los inversores. El déficit del sector público consolidado alcanzó R$ 56.100 millones en mayo, un 66% más que un año atrás, y la deuda bruta escaló al 81,1% del PIB, el nivel más alto en cinco años. Analistas en São Paulo advierten que el costo de financiamiento de la deuda —cercano al 13% anual— reduce el atractivo de los títulos soberanos. Una reciente subasta de bonos indexados a la inflación (IPCA+) no logró captar demanda, lo que encendió alertas en el Tesoro Nacional. A diferencia de economías como Japón o Estados Unidos, que pagan tasas muy inferiores, el elevado servicio de la deuda brasileña presiona los tipos de interés y la inflación, en un círculo que retroalimenta la desconfianza.

Colombia también sintió el enfriamiento de los flujos externos. El Banco de la República reportó que la inversión extranjera directa cayó un 19,8% en junio, hasta US$ 634 millones, con el sector de petróleo y minas explicando el 75% del total. En el acumulado del primer semestre, la IED retrocedió un 12,3% frente al mismo período de 2025. La concentración en recursos naturales y la debilidad de otros sectores reflejan un clima de cautela entre los inversores internacionales hacia la región.

Lejos de América Latina, Bangladesh ofrece un espejo de las tensiones que genera la inflación persistente. El índice de precios al consumidor se mantuvo por encima del 9% durante tres meses consecutivos, mientras los salarios reales acumulan 53 meses de caída ininterrumpida. Economistas en Daca señalan que la próxima entrada en vigor de un nuevo régimen salarial para los empleados públicos podría avivar nuevas subas de precios si no se refuerzan los controles de mercado y se amplían los programas de protección social. La erosión del poder adquisitivo de los hogares de ingresos fijos y de los trabajadores informales —que representan el 86% de la actividad económica— ilustra el costo social de una inflación que actúa como un impuesto silencioso.

El segundo semestre pondrá a prueba la sostenibilidad de estas estrategias. En Argentina, la ejecución presupuestaria de los próximos meses mostrará si el ajuste se mantiene o encuentra límites políticos. En Brasil, las decisiones del Banco Central sobre la tasa Selic serán clave para estabilizar las expectativas de deuda. En Colombia, la diversificación de la IED más allá del petróleo sigue siendo una asignatura pendiente. Y en Bangladesh, la capacidad del Gobierno para contener los precios tras el aumento salarial definirá el pulso social de los próximos meses.