La Policía Federal de Brasil ejecutó en la mañana del miércoles un mandato de busca y aprehensión en la residencia de Jair Bolsonaro, en Brasilia, donde el exmandatario cumple una condena de 27 años por intento de golpe de Estado. La orden, emitida por el ministro Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal, buscaba armas, municiones y documentos de registro, pero la diligencia concluyó sin ninguna incautación, según confirmaron tanto la defensa como la propia corporación policial. La medida se originó en las divergencias detectadas entre el número de armas registradas a nombre de Bolsonaro y las efectivamente entregadas a las autoridades, luego de que el magistrado condicionara la prórroga de su arresto domiciliario humanitario a la entrega total del arsenal.

Desde el entorno del expresidente, la acción fue calificada como un acto de persecución política. El senador Flávio Bolsonaro, precandidato presidencial, afirmó desde Estados Unidos —donde participaba en una audiencia comercial— que la operación buscaba crear una “cortina de humo” para opacar su gestión. Su hermano Carlos, precandidato al Senado, pidió que cesara la “tortura” contra su padre. La defensa sostuvo que ya había informado previamente el paradero de todas las armas: ocho estaban bajo custodia del Batallón de Policía del Ejército, una pistola Glock había sido incautada a un escolta y una escopeta calibre 12 permanecía desde su adquisición en una importadora de Caxias do Sul, sin haber sido retirada por Bolsonaro. En la decisión que autorizó el allanamiento, el juez Moraes consideró que la explicación sobre la escopeta era “inconsistente” con los registros oficiales y carecía de documentación idónea, lo que evidenciaba, en su criterio, un posible incumplimiento de la orden judicial.

La operación, que duró aproximadamente una hora e incluyó la revisión de la habitación de la hija menor del exmandatario, se produjo en un momento de alta tensión política. Bolsonaro cumple prisión domiciliaria desde marzo por problemas de salud, en el marco de una condena que lo inhabilitó políticamente y que ha sido objeto de presiones externas. Desde Washington, la administración de Donald Trump impuso aranceles del 50% a productos brasileños alegando una “caza de brujas” contra su aliado, aunque posteriormente redujo esas tarifas. Analistas en Brasilia observan que cada decisión del Supremo sobre el expresidente reactiva el debate sobre la independencia judicial y la polarización, especialmente cuando sus hijos ocupan espacios de proyección electoral.

El expediente sobre las armas sigue abierto. La Policía Federal ya recibió seis de los ocho fusiles y pistolas que estaban en poder del Ejército, y confirmó que otras dos armas Caracal habían sido entregadas en 2023 por orden del Tribunal de Cuentas. La defensa solicitó al Supremo que oficie a la empresa importadora para que confirme la custodia de la escopeta faltante y proceda a su entrega. Mientras tanto, el episodio añade un nuevo capítulo a la larga confrontación entre el bolsonarismo y el máximo tribunal, con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2026 y en el impacto que estas diligencias puedan tener sobre la opinión pública.