El Tribunal Superior de Kajang, en el estado malasio de Selangor, absolvió a un ciudadano singapurense y a sus dos hijos de los cargos de tráfico y cultivo de cannabis, tras determinar que la fiscalía no logró probar un caso prima facie. Los tres acusados, detenidos desde marzo de 2021, fueron liberados de inmediato, pero las autoridades de inmigración los retuvieron al salir de la sala, lo que impidió su regreso a Singapur. La fiscalía, según fuentes judiciales, evalúa presentar una apelación.

La decisión judicial se produjo en un contexto regional marcado por un endurecimiento de las políticas antidroga y un debate creciente sobre la protección de la juventud. En Indonesia, la Agencia Nacional de Narcóticos incautó 3,37 toneladas de cannabis procedente de Tailandia, un cargamento que, según las investigaciones preliminares, estaba destinado a ser procesado como líquido para cigarrillos electrónicos. Analistas en Yakarta advierten que esta ruta refleja una adaptación de las redes de narcotráfico a las tendencias de consumo entre adolescentes y adultos jóvenes, para quienes el vapeo se ha convertido en un producto de uso cotidiano.

En Malasia, el debate sobre el vapeo ha escalado hasta la exigencia de una prohibición total. Consultores pediátricos y psiquiatras, citando la experiencia del Reino Unido, sostienen que las restricciones parciales —como la prohibición de dispositivos desechables— no frenan la circulación de productos adulterados con cannabinoides sintéticos y otras sustancias psicoactivas. La Encuesta Nacional de Salud y Morbilidad de 2022 reveló que el 14,9 % de los adolescentes malasios de 13 a 17 años usaban vapeadores, una cifra que algunas proyecciones sitúan hoy cerca del medio millón. Desde la óptica de las autoridades sanitarias, el fenómeno de los llamados ‘zombie vapes’ británicos, que llevó a menores a estados de coma, demuestra que los marcos regulatorios actuales resultan insuficientes para contener el daño neurológico y psiquiátrico en cerebros en desarrollo.

Paralelamente, en otras jurisdicciones de Asia-Pacífico se cuestionan las herramientas legales disponibles para proteger a los menores. En Hong Kong, sobrevivientes de abuso sexual infantil y organizaciones de defensa reclaman la creación de un nuevo delito de abuso sexual persistente, que permita perseguir conductas repetidas a lo largo del tiempo y cierre lo que califican como una laguna procesal clave. En Sídney, un informe del Inspector de Servicios Custodiales reveló que el 80 % de los jóvenes recluidos en centros de detención de Nueva Gales del Sur se encontraba en prisión preventiva a la espera de juicio, con estancias promedio de solo trece días. Expertos en justicia juvenil de Oceanía señalan que la corta duración de la reclusión dificulta la aplicación de programas de rehabilitación y no reduce la reincidencia, lo que reabre el debate sobre la eficacia de la detención como respuesta a la delincuencia juvenil.

El estado del expediente en Malasia queda a la espera de una posible apelación de la fiscalía, mientras los tres absueltos permanecen bajo custodia migratoria. En el plano legislativo, el Ministerio de Salud malasio estudia medidas más estrictas para los productos de vapeo, y en Hong Kong se prevé que la consulta pública sobre la reforma de los delitos sexuales comience en los próximos meses.