El Centro de Selección de Objetivos de Financiación del Terrorismo (TFTC, por sus siglas en inglés), que reúne a Estados Unidos y los seis países del Consejo de Cooperación del Golfo, anunció este martes la imposición conjunta de sanciones contra cinco entidades y dieciséis individuos señalados como componentes clave de la estructura financiera de Hezbollah. La medida, la tercera bajo la actual administración estadounidense y la novena desde la creación del mecanismo en mayo de 2017, recae sobre las instituciones Al-Qard Al-Hassan y Bayt al-Mal, así como sobre sus directivos y empresas vinculadas, y busca restringir el acceso del grupo libanés al sistema financiero internacional.

Desde Washington y las capitales del Golfo se describe la acción como un esfuerzo por proteger la integridad del sistema bancario global y, al mismo tiempo, apoyar al pueblo libanés. El Departamento del Tesoro estadounidense sostiene que Al-Qard Al-Hassan opera bajo la fachada de una organización no gubernamental con licencia del Ministerio del Interior libanés, pero en la práctica presta servicios financieros equiparables a los de un banco, utilizando cuentas pantalla e intermediarios para mover fondos que, según la acusación, sostienen las actividades militares y políticas de Hezbollah. Bayt al-Mal, por su parte, es calificado como el tesoro no oficial del grupo, encargado de custodiar e invertir sus activos y de servir de enlace con la banca convencional, bajo supervisión directa del secretario general de la organización.

La lista de sancionados incluye a Ibrahim Ali Daher, jefe de la Unidad Financiera Central de Hezbollah, que supervisa el presupuesto global y la financiación de operaciones dentro y fuera del Líbano, así como a los máximos responsables ejecutivos y financieros de Al-Qard Al-Hassan. El Tesoro alega que varios de los individuos designados facilitaron transferencias por más de quinientos millones de dólares a través de bancos libaneses y estadounidenses durante más de una década, incluso mediante cuentas sombra en el Jamal Trust Bank, entidad ya sancionada. También se señala a empresas como Al-Khobara, Tashilat SARL y Auditors for Accounting and Auditing, que habrían proporcionado servicios contables, préstamos y cobertura administrativa a las entidades financieras del grupo. Desde la óptica de los países del Golfo, la medida refuerza el mensaje de que no se tolerará el uso de sus sistemas financieros para eludir sanciones previas, mientras que en círculos próximos a Hezbollah se interpreta como una maniobra para presionar a la comunidad chií libanesa y debilitar al llamado “eje de la resistencia”.

En paralelo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró durante una visita al sur del Líbano que su país permanecerá mientras Hezbollah represente una amenaza, en un contexto de creciente tensión regional. Analistas en Beirut observan que la ofensiva financiera coloca a figuras políticas como el presidente del Parlamento, Nabih Berri, ante la disyuntiva de alinearse con las instituciones del Estado libanés o quedar asociado a la estructura revolucionaria chií, en un momento en que la economía libanesa atraviesa una crisis profunda. El TFTC ha indicado que continuará intercambiando información operativa y coordinando designaciones, sin que se haya anunciado por ahora un plazo para nuevas rondas de sanciones.