Dos terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio, con un intervalo de apenas 39 segundos. El balance oficial, difundido el viernes 10 de julio por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sitúa la cifra de fallecidos en 4.118 y la de heridos en 16.740. Los seísmos, los más potentes registrados en el país en más de un siglo, devastaron especialmente el estado costero de La Guaira, donde barrios enteros quedaron reducidos a escombros.

El recuento de daños materiales incluye 856 edificios afectados, de los cuales 190 sufrieron un colapso total, y 17.907 personas permanecen sin vivienda, según el mismo parte. La incertidumbre se concentra en el número de desaparecidos: Naciones Unidas estima que podría alcanzar los 50.000, mientras que la plataforma ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela reporta 29.995 personas sin localizar. El Gobierno, por su parte, evita ofrecer una cifra oficial. La Oficina de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres ha calculado los daños directos en unos 37.000 millones de dólares, equivalentes a más del 40% del PIB venezolano, y ha lanzado un llamamiento urgente por 300 millones de dólares para asistir a 1,3 millones de personas.

La respuesta a la emergencia ha estado marcada por tensiones políticas y críticas ciudadanas. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, defendió la gestión del Ejecutivo y solicitó al Reino Unido la liberación de 30 toneladas de oro venezolano congeladas por sanciones, así como el desbloqueo de otros activos en el exterior. Desde Washington, fuentes oficiales indicaron que Estados Unidos ha desplegado equipos de rescate, ayuda humanitaria y apoyo financiero por más de 300 millones de dólares, incluyendo la reparación del puerto de La Guaira y la asistencia en el control del tráfico aéreo. En las zonas afectadas, familiares de las víctimas han expresado su frustración por lo que consideran una respuesta insuficiente y han continuado excavando entre los escombros en busca de los cuerpos, pese a que las operaciones oficiales de búsqueda de supervivientes se dieron por concluidas. Un nuevo temblor de magnitud 3,9 registrado el viernes en Caracas provocó evacuaciones preventivas y reavivó el temor entre la población.

La magnitud de la tragedia ha reabierto el debate sobre la vulnerabilidad de las infraestructuras en un país donde la prolongada crisis económica ha degradado los servicios públicos y los controles de edificación. Analistas regionales y organismos internacionales coinciden en que la combinación de la intensidad sísmica, la calidad de las construcciones y la limitada capacidad de respuesta estatal agravó las consecuencias. Las cifras oficiales, reconocen las propias autoridades, son provisionales y podrían aumentar a medida que avancen las labores de remoción de escombros y la identificación de víctimas.