Un tribunal de la sharia en la provincia indonesia de Aceh ejecutó este jueves la condena de 21 latigazos con vara de ratán a un hombre de 22 años y una mujer de 25 por besarse durante una transmisión en vivo en TikTok sin estar casados. La pena, reducida de los 25 azotes iniciales por los cuatro meses de prisión preventiva ya cumplidos, se aplicó sobre un escenario en el parque Bustanussalatin de Banda Aceh ante al menos un centenar de testigos. El mismo día recibieron castigos corporales otras cuatro personas por adulterio y juego en línea, en aplicación del código penal islámico (Qanun Jinayat) que rige exclusivamente en este territorio del noroeste de Sumatra.

Las autoridades locales justificaron la medida como un acto de prevención general. El jefe de la policía de la sharia de la ciudad, Muhammad Rizal, declaró que los acusados “violaron claramente la sharia islámica” y subrayó que se trata del primer caso en que se sanciona una infracción de la ley religiosa cometida a través de redes sociales. El fiscal Bobbi Sandri, citado por medios locales, sostuvo que las ejecuciones públicas buscan disuadir a otros residentes de transgredir las normas religiosas. Una residente de Banda Aceh que presenció la flagelación, Aini Nadhirah, consideró el castigo “totalmente justificado” como advertencia para un uso más cuidadoso de las plataformas digitales.

Organizaciones de derechos humanos con sede en Ginebra, Madrid y capitales latinoamericanas condenaron la práctica. Amnistía Internacional Indonesia calificó el castigo de “acto horripilante de discriminación” y recordó que Indonesia ha ratificado convenciones que obligan a abolir los tratos inhumanos. Su director ejecutivo, Usman Hamid, admitió que la conducta puede considerarse inapropiada por la exposición a menores, pero afirmó que “sería excesivo” elevarla a delito penado con prisión o azotes. La organización advirtió que el código penal islámico de Aceh ha extendido su alcance a expresiones pacíficas en la esfera digital, lo que, desde la óptica de analistas en Bruselas y Buenos Aires, profundiza la tensión entre la autonomía religiosa provincial y los estándares internacionales de derechos civiles.

Aceh es la única provincia de Indonesia —el país con mayor población musulmana del mundo— que aplica oficialmente una versión de la ley islámica, facultad concedida por el gobierno central en 2006 como parte de un acuerdo de paz que puso fin a una guerra separatista. En 2015 la normativa se amplió a los no musulmanes, que representan alrededor del 1 % de la población. La legislación permite hasta 100 azotes por delitos morales como adulterio y relaciones homosexuales, y castiga también el consumo de alcohol, el juego, la vestimenta ajustada en mujeres o la inasistencia a la oración del viernes. El caso reabre el debate sobre los límites de la autonomía jurídica regional en un Estado formalmente laico, sin que por ahora se vislumbre una intervención de Yakarta ni una modificación del Qanun Jinayat.