El Consejo Europeo celebrado en Bruselas evidenció una fractura profunda entre los Estados miembros sobre la externalización del control migratorio. Diecinueve gobiernos, encabezados por Italia y Dinamarca, suscribieron una carta dirigida a las instituciones comunitarias en la que exigen aplicar “cuanto antes” el recién aprobado Reglamento de Retorno, incluyendo la creación de centros de retorno en países terceros. La misiva cita expresamente el acuerdo entre Roma y Tirana como un modelo ya operativo, pese a los obstáculos judiciales y la escasa afluencia registrada hasta ahora en las instalaciones albanesas. En el extremo opuesto, Francia y España rechazaron de plano esos centros, con el presidente Emmanuel Macron afirmando que “nunca ha visto funcionar uno” y que no representan “la Europa que queremos”.

Desde la óptica de Roma y Copenhague, la prioridad es desmantelar el modelo de negocio de los traficantes y eliminar los incentivos para la migración irregular. La carta, respaldada por países como Austria, Grecia, Polonia, los Países Bajos y Suecia, sostiene que los centros externos son “la vía más eficaz” para aumentar la tasa de retornos y pide a la Comisión Europea que los apoye con recursos financieros. Asimismo, invita a la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) a participar en el proceso. Los firmantes consideran que la nueva legislación, aprobada por el Parlamento Europeo con el voto favorable de populares, conservadores y extrema derecha, ofrece por fin el marco jurídico para avanzar hacia una política migratoria “firme y equitativa”.

Frente a esta posición mayoritaria, París y Madrid articularon una oposición frontal. Macron advirtió de que Francia se opondrá al uso del presupuesto europeo para financiar esos centros y cuestionó las garantías de derechos humanos que ofrecerían, así como la relación de dependencia que generarían con los países receptores. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó los centros de “engaño” y “absolutamente ineficaces”, y defendió que la UE debe afrontar el desafío migratorio cooperando con los países de origen y tránsito, no externalizando el problema. La regularización de medio millón de migrantes en España fue señalada por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, como una decisión con efectos sistémicos sobre todo el espacio Schengen, lo que tensó aún más el debate durante la cena de líderes.

El trasfondo de esta división es un giro normativo que, por primera vez, institucionaliza a escala europea la posibilidad de trasladar a personas con orden de retorno firme a terceros países con los que no tienen vínculo alguno. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que estos centros pueden convertirse en “lagunas jurídicas” donde los migrantes queden atrapados sin supervisión efectiva. Mientras el grupo de los 19 se compromete a impulsar proyectos piloto y a iniciar contactos con potenciales socios, la falta de consenso sobre la financiación comunitaria y la resistencia de Estados clave como Francia y Alemania —que participó en las reuniones previas pero no firmó la carta— anticipan una aplicación fragmentada del reglamento. La norma ya está en vigor, pero la batalla política sobre su instrumento más controvertido no ha hecho más que empezar.