El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el 24 de junio de 2026 que posiblemente jamás se determine la responsabilidad por el ataque con misiles contra la escuela para niñas Shajareh Tayyebeh en Minab, sur de Irán, ocurrido el 28 de febrero, primer día de la ofensiva militar conjunta con Israel. El bombardeo causó la muerte de más de 175 personas, en su mayoría alumnas de entre siete y doce años, y desencadenó una condena internacional unánime. Trump argumentó que “había misiles volando por todas partes” y que no ha visto pruebas que convenzan de que el proyectil fuera estadounidense. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, presente en la comparecencia, aseguró que la investigación se toma “muy en serio” y que los resultados se divulgarán “cuando llegue el momento adecuado”.

Desde Washington, fuentes del Pentágono citadas por agencias internacionales indican que una pesquisa interna preliminar concluyó que las fuerzas estadounidenses probablemente fueron responsables del impacto, posiblemente por el uso de datos de inteligencia desactualizados: el edificio había sido utilizado por la Guardia Revolucionaria iraní antes de convertirse en escuela en la década de 2010. Sin embargo, el Departamento de Defensa no ha confirmado públicamente esos hallazgos y amplió la investigación sin fijar plazos. En Teherán, las autoridades califican el hecho de “crimen flagrante” y exigen una rendición de cuentas independiente. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos tildó el suceso de “absolutamente horrible” y se activó una misión de determinación de hechos. En el Congreso estadounidense, legisladores demócratas presentaron una moción de juicio político contra Hegseth y amenazaron con bloquear sus fondos de viaje hasta que entregue informes no censurados sobre daños civiles.

Para analistas en Europa y América Latina, el caso ilustra las tensiones entre la opacidad militar y las obligaciones del derecho internacional humanitario, que calificaría un ataque deliberado contra una escuela como crimen de guerra. La ambigüedad de Trump —quien inicialmente culpó a Irán sin pruebas y luego osciló entre la bravuconería y la cautela— alimenta la percepción de una estrategia comunicacional errática en un conflicto ya marcado por la escalada no controlada y el aumento de los precios del combustible. El misil empleado, un Tomahawk, es operado por un reducido grupo de países, entre ellos Estados Unidos, lo que acota el universo de posibles responsables, pero la falta de una atribución oficial clara mantiene abierta la controversia.

El expediente sigue sin cerrarse. La investigación del Pentágono continúa sin fecha de conclusión, mientras la misión de la ONU ha instado a que cualquier resultado sea independiente. La presión legislativa interna y el escrutinio de organismos multilaterales configuran un escenario en el que la publicación de las conclusiones —o su demora— tendrá consecuencias diplomáticas y políticas de primer orden. Por ahora, la Casa Blanca evita asumir responsabilidad y delega en un proceso investigativo cuyo desenlace, según el propio Trump, tal vez nunca llegue a conocerse.