La administración Trump acelera la externalización de sus deportaciones masivas con acuerdos que reconfiguran el mapa migratorio del Caribe y África. Jamaica ha firmado un memorando de entendimiento con el Departamento de Seguridad Nacional para recibir hasta 25 extranjeros cada dos semanas, personas que no son de origen jamaicano y que serán alojadas fuera de centros de detención, aunque las condiciones de su acogida siguen sin definirse. En paralelo, se prepara el primer vuelo de deportación hacia la República Centroafricana, un destino inédito que trasladará forzosamente a más de una veintena de migrantes, entre ellos mujeres iraníes, sirios y afganos que habían logrado órdenes judiciales para no ser expulsados a sus países de origen por riesgo de persecución o tortura. Este giro, que convierte a naciones con escasa infraestructura de protección en depositarias de expulsados, amplía la brecha con varios gobiernos caribeños que ya habían rechazado colaborar.

El endurecimiento de la política migratoria coincide con un deterioro documentado de las condiciones dentro de los centros de detención estadounidenses. Desde que Trump lanzó su campaña de deportación en enero de 2025, la tasa de mortalidad en custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se ha más que duplicado, con al menos 50 fallecimientos registrados. Los casos revelan patrones de negligencia médica y falta de atención a poblaciones vulnerables: un hombre vietnamita con problemas cardiovasculares murió tras desmayarse en la antigua prisión de máxima seguridad de Indiana, un ciudadano chino con antecedentes de intento de suicidio fue hallado ahorcado en una ducha de Pensilvania, y un hondureño con síndrome de abstinencia alcohólica falleció en su celda en Nueva York sin recibir asistencia de emergencia. Organizaciones humanitarias con sede en Washington y San José denuncian que la combinación de detenciones masivas y recortes en supervisión médica está convirtiendo las instalaciones en espacios de alto riesgo.

La presión sobre la infraestructura de detención también se ha hecho evidente con el cierre temporal del centro conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en los Everglades de Florida. El Departamento de Seguridad Nacional ordenó el traslado de todos los detenidos a otras instalaciones, entre ellas el “Deportation Depot” en Sanderson, citando la inminente temporada de huracanes. Aunque la medida se justifica por razones de seguridad, analistas en Miami advierten que la saturación del sistema y las críticas por las condiciones insalubres en ese centro pudieron acelerar la decisión. La reubicación masiva añade presión a una red de centros que ya enfrenta un aumento de fallecimientos y una creciente demanda de espacios.

Desde una óptica latinoamericana, la disposición de Jamaica a recibir deportados de terceros países introduce una nueva dinámica en la región, donde varias naciones —como Costa Rica y Panamá— han servido como puentes para migrantes en tránsito, pero pocas habían aceptado actuar como destino final de expulsiones ajenas. Analistas en Kingston y Ciudad de México advierten que el acuerdo podría sentar un precedente incómodo para países con recursos limitados, mientras que en Bruselas se observa con atención el paralelismo con las estrategias europeas de externalización del control migratorio hacia el norte de África. La combinación de vuelos a la República Centroafricana, un Estado frágil con un historial de violencia sectaria, y el aumento de muertes bajo custodia dibuja un panorama de creciente dureza ejecutiva que, según fuentes diplomáticas, podría tensar las relaciones bilaterales y generar nuevos litigios internacionales. A medida que la temporada de huracanes avanza y los acuerdos con terceros países se multiplican, la política migratoria estadounidense parece encaminarse hacia una mayor dispersión geográfica del riesgo, trasladando sus contradicciones humanitarias y operativas más allá de sus fronteras.