Desde Moscú, el Tribunal Constitucional de Rusia ha precisado las condiciones bajo las cuales los marketplaces digitales pueden eludir sanciones por la venta de productos falsificados en sus plataformas. A raíz de una demanda del holding editorial Hobby World —que detectó copias ilegales de su juego de mesa «Mafia. Toda la familia reunida» en un gran mercado en línea—, la corte determinó que los operadores no pierden automáticamente su estatus de intermediarios de información por ofrecer servicios adicionales como procesamiento de pagos o publicidad. Sin embargo, para quedar exentos de responsabilidad deben actuar con diligencia: están obligados a bloquear temporalmente las fichas de los artículos controvertidos en cuanto reciben una reclamación, y mantener esa suspensión hasta que un tribunal resuelva el fondo del litigio. La decisión, que rechazó la pretensión inicial de la empresa de obtener una compensación millonaria, establece un estándar de buena fe que vincula la inmunidad del marketplace a una intervención rápida y efectiva.

En paralelo, el Gobierno ruso ha dado luz verde a un paquete de enmiendas que introduce multas administrativas por prácticas desleales de las plataformas frente a sus vendedores. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico, contempla sanciones de entre 20.000 y 50.000 rublos para infracciones técnicas, y castigos de hasta 500.000 rublos para las más graves, como restringir el acceso del comerciante a su panel de control o incumplir sistemáticamente los plazos de respuesta a quejas. Un eje central de la reforma es la prohibición de la presión sobre precios: los marketplaces deberán ofrecer a los vendedores la posibilidad de vetar rebajas que se financien con cargo a su margen, y notificar cualquier cambio contractual con al menos treinta días de antelación. La medida busca equilibrar un ecosistema donde las plataformas han sido acusadas de imponer condiciones abusivas a pequeños y medianos comerciantes.

En el ámbito europeo, la atención se desplaza hacia la otra punta de la cadena: los costes que asumen los negocios al aceptar pagos digitales. En Italia, las asociaciones bancarias y los proveedores de servicios de pago han alcanzado un acuerdo con las organizaciones de comerciantes para reducir las comisiones en las transacciones de bajo importe, en particular las inferiores a 10 euros. El pacto, de carácter voluntario, insta a las entidades a presentar ofertas «significativamente competitivas» para esos micropagos, que a menudo generan reticencias entre los pequeños establecimientos porque la comisión puede devorar una parte desproporcionada del beneficio. Aunque no tiene fuerza de ley, la iniciativa representa un nuevo intento por fomentar los pagos electrónicos sin penalizar a los eslabones más frágiles del tejido comercial.

Analistas en América Latina observan estos movimientos con interés, en un contexto donde las grandes plataformas de comercio electrónico ganan terreno pero los marcos regulatorios aún son incipientes. La experiencia rusa muestra una vía de judicialización que exige responsabilidad proactiva sin desincentivar la intermediación digital, mientras que el modelo italiano apuesta por la autorregulación para abaratar la inclusión financiera. En ambos casos subyace una misma tensión: cómo distribuir los costes y los riesgos de la economía de plataformas entre quienes operan la infraestructura, quienes venden y quienes compran. La tendencia global apunta a una mayor exigencia de transparencia y equidad, pero los instrumentos —sentencias constitucionales, sanciones administrativas o acuerdos sectoriales— varían según la cultura jurídica y el grado de madurez del mercado digital de cada región.