Una serie de operativos coordinados en el Sudeste Asiático y América del Norte ha permitido la incautación de mercancías ilícitas y la detención de al menos 25 personas en los últimos días, según informes de las autoridades locales. Los golpes abarcan desde el contrabando de alcohol y la minería ilegal de criptomonedas hasta el robo de hidrocarburos y el narcotráfico transnacional.

En Malasia, la policía decomisó 100 cajas de licor de la marca Royal Dutch sin el pago de impuestos aduaneros en Klang, Selangor, y arrestó a dos hombres, uno de ellos de nacionalidad india. En un procedimiento paralelo en Teluk Intan, se incautaron 75 máquinas de minería de bitcoin y 12 dispositivos de red que operaban con electricidad sustraída ilegalmente, de acuerdo con la jefatura policial del distrito de Hilir Perak. En Indonesia, la policía de Sumatra del Sur desarticuló una red de extracción ilegal de carbón en un área concesionada a la empresa estatal PT Bukit Asam; once personas fueron detenidas y las autoridades calculan que el perjuicio económico para el Estado asciende a 95.900 millones de rupias (aproximadamente 5,8 millones de dólares).

En México, la Secretaría de Marina aseguró dos pipas cargadas con gas LP de procedencia ilícita en Tecamachalco, Puebla, y detuvo a cinco personas. Por otra parte, la Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de siete individuos por el almacenamiento de 66.500 litros de hidrocarburo en Matamoros, Tamaulipas, donde también se incautaron 27 pipas, 12 contenedores tipo frac tank y diez tractocamiones. En el Estado de México, un conductor fue arrestado con 48.000 litros de combustible sin la documentación que acreditara su legal procedencia; las placas del tractocamión no correspondían a la unidad.

Un caso con ramificaciones hemisféricas involucra a un tripulante filipino de un buque tanque que se declaró culpable de transportar 195 kilos de cocaína desde Ecuador hacia California. El capitán del Aquatravesia descubrió la droga en bolsas de basura y, tras interrogar a la tripulación, supo que el acusado había acordado entregarla a un cártel mexicano en altamar. La intervención de la Guardia Costera estadounidense evitó la transferencia y el hombre enfrenta una pena de entre diez años y cadena perpetua. Todas las investigaciones continúan abiertas; en los casos asiáticos se busca a los propietarios de las instalaciones clandestinas, mientras que en México los imputados permanecen bajo prisión preventiva a la espera del cierre de las pesquisas complementarias.