El gobernador de California, Gavin Newsom, lanzó una grave acusación contra el presidente Donald Trump: haber ordenado al Departamento de Justicia una investigación políticamente motivada contra él y su esposa, Jennifer Siebel Newsom. En un video difundido el lunes en la red social X, el demócrata afirmó que agentes federales han visitado en días recientes a familiares, amigos y exempleados, solicitando documentos y registros. “No porque hayan encontrado un delito, sino porque están tratando de encontrar uno”, denunció, vinculando directamente la ofensiva con sus planes de postularse a la Casa Blanca en 2028. Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Justicia respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La denuncia se inscribe en una larga historia de enfrentamientos entre el mandatario republicano y el gobernador del estado más poblado del país, bastión demócrata que Trump ha castigado con recortes y amenazas. Newsom se ha perfilado como uno de los posibles candidatos presidenciales para la próxima elección y ha sido un crítico constante de la administración, a la que ha tildado de corrupta. “Donald Trump no viene por mí solo por mis tuits agresivos”, dijo. “Viene por mí porque estoy considerando postularme a presidente, y porque detesta que haya denunciado una y otra vez sus mentiras”. La pesquisa, según el gobernador, se extiende a su círculo íntimo con el objetivo de dañar su viabilidad electoral.

Desde América Latina, la denuncia evoca escenarios de lawfare que han marcado la política regional, donde el uso del aparato judicial contra adversarios ha sido una herramienta recurrente. Analistas en Ciudad de México y Buenos Aires observan paralelismos con casos en los que investigaciones selectivas buscan desgastar a figuras opositoras antes de comicios. En Europa, la noticia —recogida por medios de Alemania, Suecia y España— se lee como una nueva señal de alerta sobre la erosión de las normas democráticas en Estados Unidos. La falta de una respuesta oficial inmediata por parte de la administración Trump alimenta las suspicacias sobre la independencia de las instituciones federales.

El silencio de Washington deja abierta la pregunta sobre el alcance real de la investigación y si se formalizarán cargos. Para Newsom, el episodio representa una oportunidad de movilizar a las bases demócratas presentándose como víctima de una persecución política, pero también conlleva el riesgo de que cualquier hallazgo, por menor que sea, sea magnificado por sus rivales. Mientras el país observa, como advirtió el propio gobernador, el caso pone a prueba los límites del uso del poder ejecutivo contra potenciales contendientes, un dilema que resonará mucho más allá de las fronteras estadounidenses.