Un comité conjunto de senadores y diputados canadienses ha recomendado al Gobierno federal que detenga de forma indefinida la expansión de la ayuda médica para morir (MAID, por sus siglas en inglés) a personas cuyo único padecimiento sea un trastorno mental. La decisión, filtrada por fuentes anónimas, supone un giro significativo en un debate que ha polarizado a la sociedad canadiense durante años y que tiene su epicentro en la provincia de Quebec, pionera en la legislación sobre muerte asistida y que hoy ostenta la tasa más elevada del mundo: un 7,9 % de todos los fallecimientos en el período 2024-2025, equivalente a 6.268 casos. A escala nacional, la proporción se sitúa en el 5,1 %, con 16.499 muertes asistidas, lo que ha llevado a expertos a preguntarse si estas cifras reflejan un amplio consenso social o, por el contrario, son síntoma de un sistema sanitario con carencias que empuja a los pacientes hacia esa salida.

La influencia de Quebec en el modelo federal es innegable. En 2009, una comisión parlamentaria multipartidista recorrió la provincia recogiendo testimonios sobre el final de la vida, un proceso que culminó con la aprobación de la Ley de cuidados al final de la vida en 2014. Aquella norma provincial sentó las bases para que, un año después, la Cámara de los Comunes de Ottawa adoptara una legislación nacional que reconocía el derecho a la asistencia médica para morir. Sin embargo, el crecimiento sostenido de la demanda en Quebec ha encendido las alarmas: mientras algunos sectores interpretan las cifras como la expresión de una cultura de autonomía individual, analistas sanitarios advierten que la falta de acceso a cuidados paliativos de calidad podría estar convirtiendo la muerte asistida en una alternativa por defecto para pacientes vulnerables.

Mientras Canadá revisa los límites de su propio modelo, en México el debate sobre la eutanasia y el suicidio asistido cobra impulso desde dos frentes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha incluido en su agenda el caso de una mujer con cáncer que impugna diversos artículos de la Ley General de Salud, en lo que constituye el litigio más relevante sobre el tema en el país. Aunque el pleno de ministros se limitará por ahora a decidir si el máximo tribunal retiene el expediente o lo remite a un tribunal colegiado, la sola admisión del asunto reabre una discusión jurídica y ética de gran calado. De forma paralela, la organización civil Libertad para Morir ha presentado en la Ciudad de México una iniciativa ciudadana para legalizar la eutanasia y la asistencia médica para morir, respaldada por encuestas que muestran que más del 70 % de la población apoya cambios legales en este sentido. La propuesta, que contempla a adultos con enfermedades graves e incurables que generen sufrimiento físico o mental intolerable, se encuentra en fase de recolección de firmas para ser reconocida como preferente en el Congreso capitalino.

Desde la óptica de Quebec, la pausa recomendada en Ottawa introduce una tensión entre la vanguardia provincial y la prudencia federal, especialmente en un contexto donde la ampliación a trastornos mentales había sido pospuesta en varias ocasiones ante la falta de consenso médico y social. Los testimonios recabados por el comité —44 testigos y 32 informes— revelaron una oposición mayoritaria a extender la elegibilidad por razones exclusivamente psiquiátricas, debido a la dificultad de establecer un pronóstico irreversible y al riesgo de que personas en situación de vulnerabilidad accedan a la muerte asistida sin haber agotado alternativas terapéuticas. En México, la discusión apenas comienza, pero la confluencia de un caso judicial concreto y una iniciativa legislativa ciudadana sugiere que el país podría seguir la senda de otras naciones latinoamericanas que, como Colombia, ya han despenalizado la eutanasia bajo estrictas condiciones. El reto compartido en ambas orillas del Atlántico es construir marcos que garanticen tanto la libertad individual como la protección frente a desigualdades estructurales en el acceso a la salud.