En una calle de Teherán, un motociclista sin casco es detenido por la policía. Su vehículo será remitido a un depósito durante una semana; si reincide, la inmovilización se extenderá a un mes. La escena, repetida más de 327.000 veces en lo que va del año solo por esa infracción, ilustra el endurecimiento de las normas de tránsito que se extiende por ciudades de tres continentes. En la capital iraní, las autoridades contabilizan 441.000 infracciones de motociclistas, con el casco ausente como la falta más recurrente. “No es solo una obligación legal, es la barrera defensiva más importante frente a golpes letales”, advirtió el jefe de la policía vial de Teherán, según reportes de prensa.

A miles de kilómetros, en São Paulo, una ofensiva similar alcanza a las ‘cinquentinhas’, esos ciclomotores de baja cilindrada que durante años circularon sin matrícula ni licencia. Desde que entró en vigor una resolución del Consejo Nacional de Tránsito brasileño, se han aplicado 3.657 multas en el estado y 2.370 vehículos fueron remolcados en seis meses. La mayoría de las sanciones se deben a la falta de registro y de habilitación para conducir. Abogados especializados señalan que muchos compradores desconocen la categoría del vehículo que adquieren, lo que alimenta la confusión entre bicicletas eléctricas y ciclomotores. La multa por circular sin placa asciende a 293,47 reales y resta siete puntos del carnet.

En la provincia de Buenos Aires, la controversia no la protagonizan las motos sino las licencias profesionales. Un nuevo esquema para choferes de cargas y pasajeros elevó el costo del trámite de unos 22.000 a 294.000 pesos, un incremento superior al 1.200%. La reforma, que afecta a más de 680.000 conductores, exige exámenes psicofísicos y cursos teórico-prácticos ante prestadores privados habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Desde la oposición bonaerense se denunció que parte de los aranceles termina en la obra social del sindicato de Camioneros, que conduce Hugo Moyano, y se calificó la medida como un “curro”. El gobierno provincial, en tanto, defiende que el objetivo es mejorar la trazabilidad y unificar criterios de seguridad. Los gremios solicitaron una prórroga de 60 días ante las demoras y el impacto en la continuidad laboral.

Mientras en América Latina el debate oscila entre la seguridad vial y el peso de las sanciones sobre los trabajadores, en Berlín la recaudación por multas de tránsito alcanzó los 38 millones de euros en 2025, equivalentes a unos 550 millones de takas bangladesíes, según la prensa de Daca. La ciudad despliega 70 cámaras fijas y 80 móviles para detectar excesos de velocidad y semáforos en rojo. Las autoridades alemanas insisten en que el fin primordial no es recaudatorio, sino disuadir conductas de riesgo y reducir la siniestralidad. Sin embargo, la cifra millonaria reaviva una pregunta incómoda que sobrevuela Teherán, São Paulo y Buenos Aires: ¿dónde termina la protección del ciudadano y empieza la carga desproporcionada sobre sus bolsillos? En el depósito de motos de la capital iraní, el brillo de los cascos ausentes refleja una tensión que no entiende de fronteras.