Rusia concedió el año pasado 1.112 visados a ciudadanos extranjeros que, según el Kremlin, comparten sus 'valores espirituales y morales tradicionales', en el primer año completo de una iniciativa diseñada para atraer a conservadores descontentos con las políticas liberales de sus países. El director del departamento consular del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Alexéi Klímov, detalló que los principales beneficiarios fueron alemanes (168), franceses (140) y estadounidenses (105), seguidos de italianos (100), estonios (63), letones (60), canadienses (54), lituanos (46) y australianos (43). La medida, instaurada por decreto presidencial en agosto de 2024, permite solicitar un visado de tres meses —con posibilidad de residencia— a nacionales de países que, a juicio de Moscú, 'imponen actitudes ideológicas neoliberales destructivas'.

La iniciativa, bautizada en medios franceses como el 'visado anti-woke', se enmarca en la estrategia del Kremlin de proyectarse como bastión de los valores familiares tradicionales frente a las políticas de género, migración y diversidad de Occidente. Desde la óptica de Moscú, el programa ofrece 'apoyo humanitario' a quienes rechazan el rumbo ideológico de sus gobiernos. Fuentes diplomáticas rusas confirmaron que los visados se expidieron en misiones consulares en todo el mundo y que la mayoría de los solicitantes procedía de la Unión Europea, que aportó 577 beneficiarios. Paralelamente, se ha anunciado la construcción de una aldea en la región de Nizhni Nóvgorod para acoger a los recién llegados, lo que sugiere que el Kremlin busca convertir este gesto simbólico en un flujo migratorio estable.

Este movimiento se produce en un contexto de creciente tensión recíproca en materia de visados. Mientras Rusia abre sus puertas a ciudadanos occidentales afines, en Bruselas se debate la posibilidad de prohibir los visados turísticos a los participantes rusos en la 'operación militar especial' en Ucrania. La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ha defendido la medida, pero juristas del Báltico advierten que un veto colectivo chocaría con los principios básicos del derecho comunitario y sería técnicamente complejo de aplicar, dado que afectaría a cientos de miles de personas sin un registro unificado. Analistas en Bruselas consideran que la propuesta, aunque políticamente lógica para el actual liderazgo europeo, carece de base legal sólida y podría enfrentar recursos judiciales.

Observadores en América Latina señalan que el programa ruso, aunque dirigido casi exclusivamente a países occidentales, refleja una dinámica global de polarización cultural que también resuena en la región. La narrativa de 'valores tradicionales' encuentra ecos en debates locales sobre familia y género, pero ningún país latinoamericano figura en la lista de naciones cuyos ciudadanos pueden acogerse al visado. Desde Moscú, la iniciativa se presenta como un éxito de su diplomacia pública; sin embargo, expertos en migración advierten que las cifras siguen siendo modestas y que el verdadero alcance dependerá de si el programa logra atraer a familias y profesionales, no solo a activistas ideológicos. La evolución de esta política migratoria será un termómetro de la capacidad rusa para capitalizar el descontento cultural en Occidente en un momento de aislamiento geopolítico.