El 7 de julio, Marine Le Pen anunció oficialmente su candidatura a la presidencia francesa, apenas horas después de que el Tribunal de Apelación de París redujera de cinco años a quince meses la pena de inhabilitación que pesaba sobre ella por malversación de fondos del Parlamento Europeo. La líder de Agrupación Nacional (RN) mantiene su inocencia y recurrirá ante el Tribunal de Casación, pero por ahora el fallo le permite eludir la exclusión electoral y lanzar su cuarta campaña al Elíseo. En círculos políticos franceses se destaca que, pese a haber afirmado antes que no competiría si debía portar un brazalete electrónico, Le Pen ha dejado atrás ese escrúpulo y se presenta como víctima de una persecución judicial, un argumento que, según analistas en París, podría movilizar a su base más fiel.

Las encuestas difundidas por medios europeos y magrebíes la sitúan como clara favorita. Un sondeo del instituto Elabe le otorga entre el 34 y el 35,5 % de los votos en la primera vuelta, suficiente para superar a cualquier rival en la segunda: vencería al ex primer ministro Édouard Philippe por un ajustado 52 % frente a 48 %, y al izquierdista Jean‑Luc Mélenchon por un holgado 67,5 % contra 32,5 %. Con todo, especialistas consultados en Francia advierten que la ventaja temprana puede ser un arma de doble filo, como ha mostrado la historia electoral reciente, y que Le Pen arrastra déficits estructurales: escasa transferencia de votos en las segundas vueltas y desconfianza entre sectores moderados. Philippe, desde el centro‑derecha, emerge como el adversario más capaz de aglutinar el voto anti‑Le Pen si logra cohesionar un espacio macronista fragmentado.

Desde el Magreb, y en particular desde Argelia, la irrupción de Le Pen se lee como una amenaza para una relación bilateral ya muy deteriorada. Medios argelinos recuerdan que su padre, Jean‑Marie Le Pen, fue torturador durante la guerra de independencia y que la actual líder ha desplegado un discurso hostil hacia Argel, lo que hace temer un agravamiento de la crisis diplomática. En Marruecos, sondeos de opinión reflejan que un 56 % de los franceses considera injustificado que mantenga la candidatura tras ser condenada, aunque esa reprobación no erosiona su núcleo duro. Paralelamente, observadores rusos reproducen los datos de intención de voto que la encumbran, mientras que para el politólogo Luc Rouban, investigador en París, el tradicional “techo de cristal” que frenaba a la ultraderecha se ha vuelto “de goma”, en un contexto donde siete de cada diez franceses votan a partidos de derecha.

El calendario judicial añade incertidumbre. El Tribunal de Casación podría confirmar la pena de prisión y, con ella, la obligación de portar un brazalete electrónico durante la campaña o incluso después de una hipotética victoria. Rouban considera que Le Pen instrumentalizará ese dispositivo como un símbolo de martirio político y que, si la sentencia definitiva se demora hasta después de la segunda vuelta del 2 de mayo, podría quedar cubierta por la inmunidad presidencial. Mientras tanto, su lugarteniente Jordan Bardella, quien hasta hace poco se perfilaba como candidato natural, ha sido relegado a un segundo plano. La elección está fijada para el 18 de abril de 2027, con una eventual segunda vuelta en mayo, y se desarrollará en un paisaje político que se recompone en tres bloques: derecha nacionalista, izquierda y un centro que lucha por retener el legado de un Emmanuel Macron impedido de reelegirse.