Andrew y Tristan Tate, los controvertidos influencers de la llamada “manosfera”, comparecieron este lunes ante un tribunal federal de Miami en el inicio del proceso de extradición solicitado por el Reino Unido. Vestidos con uniformes de presidiario y esposados, los hermanos, de nacionalidad estadounidense y británica, guardaron silencio durante la breve audiencia, limitándose a confirmar que comprendían sus derechos. Su abogado, Joseph McBride, anunció que se opondrán a la entrega, alegando inocencia y calificando el caso de “políticamente motivado”.

Según la Fiscalía de la Corona británica, los nuevos cargos —38 en total, que elevan la suma a 59— incluyen violación, agresión con lesiones, trata de personas con fines de explotación sexual y delitos relacionados con imágenes indecentes de menores y pornografía extrema. Los hechos se habrían producido entre 2010 y 2017 en el sureste de Inglaterra y afectan a cuatro nuevas víctimas, con lo que el número total de denunciantes asciende a siete. Las autoridades de Bedfordshire aportaron las pruebas que sustentan la ampliación de la acusación.

La defensa vincula la detención con una visita reciente de los hermanos al Capitolio en Washington, donde se reunieron con miembros del Congreso, y con la renuncia del ex primer ministro británico Keir Starmer, sin ofrecer detalles. McBride tachó los cargos de “difamatorios” y sostuvo que sus clientes son perseguidos por sus opiniones, no por hechos delictivos. En el mundo hispanohablante, donde los Tate cuentan con millones de seguidores en redes sociales, el caso ha reavivado el debate sobre los límites de la libertad de expresión y la influencia de los discursos misóginos.

El proceso de extradición, que puede prolongarse meses o años si se presentan apelaciones, depende en primera instancia de un juez federal que evaluará si se cumplen los requisitos del tratado bilateral. La decisión final recaerá en el secretario de Estado, Marco Rubio. Mientras tanto, los hermanos permanecen detenidos en una prisión federal de Miami; la próxima vista está fijada para el 27 de julio. En Rumanía, donde residieron desde 2016, aún enfrentan una investigación por trata de personas, estancada por irregularidades procesales, y en Florida las autoridades abrieron una pesquisa penal en 2025 cuyo estado se desconoce.