El Parlamento Europeo aprobó el miércoles con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones el nuevo Reglamento de Retorno, la pieza más controvertida del endurecimiento migratorio que vive la Unión. La votación desató escenas inusuales en el hemiciclo: diputados de extrema derecha se pusieron en pie, alzaron el puño y corearon "¡Send them back!" ("¡Devolvédlos!"), un grito que resonó como un himno de victoria. Desde Bruselas, la imagen recordó más a una grada futbolística que a un debate legislativo, y provocó una inmediata condena por parte de sectores progresistas y de algunos gobiernos que, sin embargo, respaldaron la norma.

La nueva regulación introduce obligaciones estrictas para los migrantes en situación irregular, como el deber de cooperar con las autoridades, y permite la detención administrativa de hasta veinticuatro meses si existe riesgo de fuga o amenaza a la seguridad. Su innovación más polémica es la creación de "centros de retorno" (return hubs) en países extracomunitarios, a donde podrán ser trasladados los extranjeros mientras se ejecuta su expulsión definitiva. Las autoridades tendrán además potestad para realizar inspecciones en domicilios privados y confiscar dispositivos electrónicos con fines de identificación. Esta norma se enmarca en el Sistema Europeo Común de Asilo, que entró en vigor el 12 de junio tras una década de negociaciones y acelera los procedimientos de asilo y deportación, permitiendo que solicitantes de países considerados seguros aguarden su resolución en centros de detención situados incluso fuera de la UE.

Las reacciones dibujaron un mapa político fragmentado. Desde Madrid, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, fue tajante al llegar al Consejo Europeo: "Europa está transmitiendo un mensaje equivocado". España votó en contra de un texto que, según Sánchez, normaliza una deriva securitaria impulsada por la alianza entre populares y extrema derecha. En contraste, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, celebró un "éxito histórico" y desde las filas de su partido, Hermanos de Italia, se reivindicó la "remigración con hechos". En Estocolmo, el ministro de Migración sueco, Johan Forssell, del Partido Moderado, calificó los cánticos de "profundamente indignos e inapropiados", pese a que su propia formación votó a favor del reglamento. Una asesora de Frontex, Annegret Kohler, intentó rebajar la polémica asegurando que la norma "no introduce un sistema represivo", pero evitó abordar los aspectos más delicados de una agencia que algunos eurodiputados rebautizaron como "Send Them Back".

Las organizaciones de derechos humanos han encendido todas las alarmas. Amnistía Internacional advierte de las condiciones inhumanas que pueden imperar en esos centros de retorno externos, para los que ya se mencionan países como Uganda. Desde la óptica neerlandesa, el diario Nrc sentenció que "los derechos humanos universales —fundamento de la Unión— retroceden ante la voluntad política de aparentar intransigencia". El texto aprobado incluye salvaguardas formales sobre el respeto a los derechos fundamentales y el principio de no devolución, pero la posibilidad de trasladar a personas a Estados con los que no tienen vínculo alguno genera serias dudas jurídicas y operativas.

La norma refleja un giro profundo en la política migratoria europea, alimentado por el ascenso de los partidos de derecha radical y un sentimiento antiinmigración cada vez más extendido. Para España, que mantiene lazos históricos y flujos migratorios intensos con América Latina, el reglamento supone un desafío diplomático y de coherencia: mientras el Gobierno de Sánchez se opone, la mayoría del bloque comunitario avanza hacia un modelo de externalización de fronteras. El futuro de estos centros de retorno en terceros países dependerá de acuerdos bilaterales aún por negociar, pero su sola previsión legal transforma el paisaje migratorio europeo y plantea interrogantes sobre el equilibrio entre control y derechos que definirá la identidad de la Unión en los próximos años.