La revelación de una vasta operación logística dirigida por el ejército estadounidense en el estrecho de Ormuz ha sacudido los mercados energéticos globales. Desde principios de mayo, y de manera secreta, helicópteros, drones aéreos y vehículos no tripulados marítimos han escoltado convoyes de petroleros hacia puntos de trasbordo frente a las costas de Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos, y cerca del puerto omaní de Sohar. Allí, mediante una técnica de transferencia de barco a barco que Irán perfeccionó para eludir las sanciones internacionales, el crudo es bombeado a buques cisterna que luego navegan hacia mercados abiertos. La magnitud del esfuerzo quedó al descubierto el 9 de junio, cuando un helicóptero Apache implicado en la misión fue derribado por Irán, desencadenando bombardeos de represalia por parte de Washington y forzando a altos funcionarios a reconocer, aunque con matices, la existencia de la operación.

Según datos de transporte marítimo e imágenes satelitales revisados por Reuters, al menos 92 embarcaciones han participado en esta maniobra, movilizando un volumen estimado de 90 millones de barriles de petróleo. En su punto álgido, se observaron hasta 17 parejas de buques realizando trasvases simultáneos. La ironía estratégica no ha pasado desapercibida para los analistas en Oriente Medio: Washington, que durante años denunció las tácticas de contrabando de Teherán para sortear el cerco económico, ahora las adopta como herramienta para mantener el flujo de suministros energéticos tras el cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de Irán. La operación, supervisada por el Comando Central de Estados Unidos, utiliza drones y helicópteros para guiar a los petroleros, pero oficialmente el Pentágono niega cualquier implicación directa en las transferencias, atribuyéndolas a actores comerciales.

Desde la óptica de Bruselas y las capitales latinoamericanas, la iniciativa se interpreta como un mal necesario para estabilizar los precios del crudo y evitar una crisis de abastecimiento que golpearía con especial dureza a las economías en desarrollo. Sin embargo, analistas en Ciudad de México advierten que la dependencia de métodos ilícitos sienta un precedente incómodo: legitima tácitamente las mismas redes de evasión que las potencias occidentales han condenado en el caso iraní, venezolano o ruso. La operación, aunque eficaz en el corto plazo, expone a Washington a acusaciones de hipocresía y erosiona la arquitectura normativa que sustenta el régimen de sanciones internacionales.

El derribo del Apache y la subsiguiente escalada militar ponen de relieve la fragilidad de este equilibrio. A medida que Irán refuerza su vigilancia sobre el estrecho, el riesgo de nuevos incidentes aumenta, y con él la posibilidad de una confrontación abierta que interrumpa definitivamente el tránsito de hidrocarburos. Para los mercados globales, la operación encubierta ha funcionado como una válvula de escape temporal, pero su sostenibilidad es dudosa. La comunidad internacional observa con inquietud cómo la línea entre la estrategia militar y el subterfugio comercial se desdibuja en una de las rutas marítimas más críticas del planeta, dejando al descubierto la profundidad de la pugna por el control de los recursos energéticos en el golfo Pérsico.