La recién constituida Asamblea del Pueblo de Siria celebró su sesión inaugural este domingo 12 de julio en Damasco, diecinueve meses después del derrocamiento del régimen de Bashar al-Asad. Ante 206 diputados —de un total de 210— y en presencia del presidente transitorio Ahmed al-Sharaa, los legisladores prestaron juramento en un acto que, según la agencia estatal SANA, marca el inicio de la primera legislatura tras medio siglo de gobierno de la familia Asad. En su intervención, al-Sharaa afirmó que Siria «escribe una historia nueva» y pidió hacer del órgano «un modelo en responsabilidad y eficiencia», subrayando la necesidad de anteponer el interés nacional y trabajar en equipo para reconstruir el país tras «la tiranía, la guerra y la destrucción».

La composición y las atribuciones del nuevo parlamento han sido definidas por la declaración constitucional de marzo de 2025, que fija un período transitorio de cinco años. Según este marco, un tercio de los escaños fue designado directamente por el presidente —a través de un decreto emitido el 1 de julio—, mientras que los dos tercios restantes fueron electos en octubre pasado por colegios electorales regionales, cuyos integrantes habían sido a su vez nombrados por la Comisión Judicial Superior para las Elecciones Parlamentarias, un organismo cuyos miembros designó el propio al-Sharaa. La Asamblea tiene un mandato de treinta meses prorrogables, puede proponer y aprobar leyes, pero no requiere otorgar confianza al gobierno. Cuatro bancas permanecen vacantes: una por fallecimiento y tres correspondientes a la provincia de mayoría drusa de Suweida, donde la elección fue pospuesta debido a la persistente violencia sectaria, aunque el mandatario nombró a dos representantes de la zona.

Desde la óptica de Naciones Unidas, el enviado adjunto Claudio Cordone calificó la instalación del parlamento como un paso significativo en la transición política, al tiempo que instó a redoblar esfuerzos para que las instituciones reflejen la diversidad del país. No obstante, organizaciones de derechos humanos y analistas en la región han señalado que el mecanismo de selección otorga un control considerable al Ejecutivo y carece de elecciones directas, lo que, a su juicio, reproduce dinámicas autoritarias. La representación femenina apenas supera el 10 %, con 21 diputadas —15 de ellas incluidas en la cuota presidencial—, mientras que las minorías kurdas, cristianas y alauíes ocupan, según recuentos no oficiales, unas diez bancas. Fuentes locales añaden que la exclusión de Suweida y el limitado espacio para la oposición política alimentan la desconfianza entre sectores que no se sienten partícipes del nuevo orden.

La Asamblea deberá ahora elegir a su mesa directiva y constituir comisiones, con la tarea prioritaria de redactar una constitución permanente que permita la celebración de elecciones legislativas directas antes del fin del quinquenio transitorio. El propio al-Sharaa ha manifestado su respaldo a unos comicios generales una vez que la infraestructura y la documentación electoral lo permitan, aunque no se ha anunciado un calendario concreto. Mientras tanto, el órgano legislativo asume sus funciones en un contexto marcado por el frágil control territorial del gobierno de transición y por episodios de violencia comunitaria que, según el relato oficial, subrayan la urgencia de consolidar las instituciones del Estado.