En los últimos días, autoridades judiciales y policiales de cuatro continentes han dado a conocer resoluciones y operativos que exponen la persistencia de delitos sexuales contra niños y adolescentes. Los casos, que abarcan desde condenas por maltrato en el aula hasta detenciones por violación intrafamiliar, reflejan tanto la gravedad de los hechos como la diversidad de reacciones institucionales.

En el estado mexicano de Oaxaca, la magistrada Alba Osorio Velasco revocó la vinculación a proceso y la prisión preventiva de un profesor de secundaria acusado de pederastia contra dos adolescentes de 13 años, al considerar insuficiente el plazo de un mes para la defensa. La Fiscalía General de Oaxaca había judicializado la carpeta de investigación en diciembre de 2025, y existen tres denuncias penales formales. Sin embargo, familiares de las víctimas y la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad sostienen que los afectados superan la decena y denuncian presuntos actos de corrupción de una funcionaria del Centro de Justicia para las Mujeres, a quien acusan de solicitar 47 mil pesos para atender a una menor. Las autoridades no han confirmado públicamente esa cifra de víctimas ni las acusaciones de corrupción.

En Europa, dos sentencias recientes marcan respuestas punitivas firmes. En Taranto, Italia, una maestra de 63 años fue condenada a cuatro años de prisión por maltratar a alumnos de primer grado durante el ciclo escolar 2014-2015: según la acusación, les cerraba la boca con cinta adhesiva, los ataba a las sillas y los amenazaba con difundir videos. El tribunal impuso una pena superior a la solicitada por la fiscalía y ordenó indemnizaciones para ocho familias. En Malmö, Suecia, un hombre fue declarado culpable de tres cargos de abuso sexual grave contra una niña de 12 años, a quien obligó a masturbarlo en repetidas ocasiones. La investigación se apoyó en una aplicación de control parental que registró sonido ambiente y en los testimonios de la menor; el acusado también fue condenado por acosar a otra adolescente en la misma vivienda.

En América del Sur, la Policía Civil de Goiás, Brasil, detuvo a una mujer de 25 años y a su compañero por obligar a una niña de 9 años a practicar actos sexuales con ambos y a mirar videos pornográficos. La delegada a cargo describió a la menor como “muy asustada, muy traumatizada” y señaló que la madre llegó a amenazarla con un cuchillo para que no revelara los abusos, que se prolongaron al menos dos años. La niña quedó bajo cuidado de un familiar que grabó su relato y presentó la denuncia. Mientras, en Malasia, dos procesos penales avanzan en paralelo: un hombre desempleado será imputado por violar a su hija desde los 12 años, lo que resultó en un embarazo detectado por un médico, y un profesor se declaró inocente de agredir sexualmente a un alumno de 13 años en un hotel de Kuala Terengganu. Ambos casos se ventilan bajo leyes que contemplan penas de hasta 30 años de prisión y castigos corporales.

Las investigaciones continúan abiertas en la mayoría de estos episodios. En Oaxaca, la liberación del docente ha generado protestas de colectivos feministas y de derechos humanos, que cuestionan la actuación del Poder Judicial local. En Brasil, la policía aguarda la extracción de datos de los teléfonos de los sospechosos para cerrar la pesquisa. Los tribunales europeos han dictado sentencias que aún pueden ser recurridas, mientras que en Malasia los acusados esperan la siguiente fase procesal. Por ahora, no hay cifras consolidadas que permitan hablar de una tendencia global, pero la coincidencia temporal de estos expedientes reaviva el debate sobre la protección de la infancia y la eficacia de los sistemas de justicia.