El Tribunal de Apelación de Londres dictaminó este lunes que la decisión del Gobierno británico de proscribir al grupo activista Palestine Action como organización terrorista es legal, revocando así una sentencia previa del Tribunal Superior que había considerado la medida una injerencia desproporcionada en la libertad de expresión. La presidenta del tribunal, Sue Carr —la jueza de mayor rango en Inglaterra y Gales—, afirmó que la agrupación no podía ser descrita como un movimiento de desobediencia civil no violento, dado el historial de intrusiones en bases militares y fábricas de armas vinculadas a Israel, en particular contra la empresa Elbit Systems. La proscripción, vigente desde julio de 2025, equipara a Palestine Action con organizaciones como Al-Qaeda o el Estado Islámico, y convierte en delito la pertenencia o el apoyo al grupo, con penas de hasta 14 años de prisión.

La controversia judicial se remonta a febrero de este año, cuando tres magistrados del Tribunal Superior estimaron el recurso presentado por Huda Ammori, cofundadora del colectivo, y consideraron que la prohibición vulneraba derechos fundamentales. Sin embargo, el panel de cinco jueces de la instancia de apelación —una formación inusualmente numerosa que subraya la trascendencia del caso— concluyó que la medida era “justificada y proporcionada”. Desde la óptica de analistas jurídicos europeos, el fallo sienta un precedente significativo en la tensión entre la seguridad nacional y las libertades civiles, al validar la aplicación de leyes antiterroristas a formas de activismo directo que trascienden la protesta pacífica.

Mientras se leía la sentencia, en el exterior de los Royal Courts of Justice se congregaron cientos de simpatizantes con pancartas que rezaban “Apoyo a Palestine Action”. La policía metropolitana confirmó la detención de 117 personas bajo sospecha de respaldar a un grupo proscrito, en una operación que, según testigos presenciales, incluyó el traslado forzoso de manifestantes. La escena londinense se produjo apenas un día después de otra protesta multitudinaria frente a una sinagoga de la capital, donde se celebraba el “Great Israeli Real Estate Event”, una feria inmobiliaria que ofrecía terrenos en asentamientos de Cisjordania ocupada. El alcalde Sadiq Khan había condenado ese evento, pero la manifestación derivó en enfrentamientos con contramanifestantes proisraelíes y al menos 14 arrestos, reflejando un clima de creciente polarización.

Desde Jerusalén, medios israelíes interpretan la decisión judicial como un respaldo a la lucha contra el activismo que ataca infraestructuras de defensa, mientras que en capitales europeas como París, Roma o Madrid la cobertura ha oscilado entre la crónica factual y el editorial de opinión. La prensa italiana, por ejemplo, destacó la paradoja de que un grupo de acción directa figure en la misma lista que el Estado Islámico, y la francesa subrayó que la proscripción ha conducido ya a más de 3.000 detenciones de simpatizantes. En Moscú, la BBC rusa contextualizó el fallo como uno de los más relevantes en materia de seguridad nacional de los últimos años, mientras que desde Nueva Delhi y Estocolmo se hizo eco de la dimensión internacional del caso, que interpela a gobiernos de todo el mundo sobre los límites del derecho a la protesta.

El desenlace judicial no cierra el debate. La propia Ammori anunció que recurrirá ante el Tribunal Supremo, y organizaciones de derechos civiles advierten que la equiparación de sabotajes materiales con terrorismo podría tener un efecto disuasorio sobre la disidencia legítima. Observadores latinoamericanos señalan que la sentencia londinense será estudiada de cerca en países como Colombia o Chile, donde la protesta social y la acción directa han sido objeto de intensos debates jurídicos. El caso de Palestine Action se convierte así en un espejo incómodo para las democracias liberales, obligadas a definir dónde termina la resistencia civil y dónde comienza la amenaza terrorista.