El Ministerio de Asuntos Exteriores de la India (MEA, por sus siglas en inglés) declaró el 24 de junio, durante el 14.º Día de la División de Pasaportes, que el pasaporte indio es un documento de viaje y no una prueba concluyente de ciudadanía. La aclaración, difundida por medios indios e internacionales, se produce en un momento de intensa revisión de los padrones electorales en dieciséis estados del país, donde el Tribunal Supremo ya había señalado que el documento de identidad Aadhaar tampoco acredita la nacionalidad. La cartera diplomática precisó que, si bien el pasaporte certifica la nacionalidad india en el extranjero, su función primordial es facilitar el tránsito internacional, y recordó que la Ley de Pasaportes de 1967 permite, en circunstancias excepcionales, emitir el documento a personas que no son ciudadanas.

Desde Nueva Delhi, analistas jurídicos subrayan que la posición del Ejecutivo no es novedosa, sino que reitera una doctrina legal consolidada. La Ley de Ciudadanía de 1955 y sus sucesivas reformas —que restringieron el derecho de suelo a partir de 1987 y lo condicionaron a la nacionalidad de ambos progenitores desde 2004— configuran un entramado normativo en el que la ciudadanía se determina por una combinación de pruebas documentales, no por un único certificado. En este sentido, fuentes del MEA indicaron que los pasaportes se expiden tras verificar datos con otras agencias gubernamentales, pero que la posesión del documento no sustituye la comprobación de los requisitos constitucionales y legales de la nacionalidad.

La declaración provocó un intenso debate en plataformas digitales, donde usuarios y figuras públicas cuestionaron qué documento sirve entonces como prueba definitiva de ciudadanía. Desde la óptica de la sociedad civil india, la incertidumbre se agrava porque el Gobierno aún no ha definido la lista de documentos aceptables para el Registro Nacional de Ciudadanos, un proceso que en 2019 ya generó controversia en el estado de Assam. Mientras tanto, en el plano internacional, la discusión sobre los límites de los pasaportes como instrumentos de identidad encuentra ecos en otras latitudes: el Departamento de Estado de Estados Unidos revoca o deniega el pasaporte a ciudadanos con deudas de manutención superiores a 2.500 dólares, y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) advierte que portar objetos prohibidos en el equipaje puede acarrear la cancelación de la visa, lo que refuerza la noción de que los documentos de viaje son autorizaciones administrativas condicionadas.

Para los observadores en Bruselas y en capitales latinoamericanas, el caso indio ilustra una tensión global entre la movilidad internacional y la verificación de la nacionalidad. La India ha ampliado su red consular y modernizado sus pasaportes con chip biométrico, al tiempo que negocia acuerdos de movilidad con países europeos para trabajadores cualificados. Sin embargo, la falta de un documento único de ciudadanía podría complicar la aplicación de políticas migratorias y la protección consular en el extranjero. El MEA ha anunciado que continuará la expansión de los centros de emisión de pasaportes —545 en la actualidad frente a 77 hace una década— y que en 2025 se prestaron 15 millones de servicios de pasaporte, una escala que, según fuentes oficiales, hace inviable que cada emisión constituya una certificación definitiva de ciudadanía. El debate sobre la prueba de la nacionalidad sigue abierto, a la espera de que el Gobierno concrete los documentos que serán admitidos en futuros procesos de verificación.