La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo aprobó el 23 de junio de 2026 el reglamento que habilita la creación del euro digital, con 43 votos a favor, 14 en contra y una abstención. El respaldo mayoritario permite que el expediente pase directamente a la fase de negociación interinstitucional —los denominados trílogos— con el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea, salvo que algún grupo político solicite una votación en el pleno prevista para julio. El Banco Central Europeo (BCE) celebró la decisión y confirmó que mantiene el cronograma para lanzar un proyecto piloto de doce meses a mediados de 2027 y la puesta en circulación plena en 2029.

Desde Bruselas, la iniciativa se presenta como un instrumento de autonomía estratégica frente a la dependencia de los sistemas de pago estadounidenses. Según datos del BCE, casi dos tercios de los pagos con tarjeta en la zona euro son procesados por empresas no europeas, principalmente Visa y Mastercard, y trece de los veintiún países del euro carecen de un esquema nacional de tarjetas. La urgencia del proyecto se incrementó, de acuerdo con fuentes parlamentarias, tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y la imposición de aranceles a la Unión Europea, así como por el temor a que Washington utilice su dominio sobre las redes de pago como herramienta de presión geopolítica. El caso del juez francés Nicolas Guillou, sancionado por Estados Unidos en 2025 y privado del acceso a su tarjeta Visa, es citado con frecuencia en los debates como ejemplo de vulnerabilidad.

El euro digital funcionará como una cartera electrónica respaldada por el BCE pero distribuida por bancos y empresas de tecnología financiera. Permitirá pagos en línea y en persona, incluso sin conexión a internet, y será de uso gratuito para consumidores y comercios. Las autoridades monetarias insisten en que no sustituirá al efectivo, sino que lo complementará, y que su diseño incluye salvaguardas para evitar salidas masivas de depósitos bancarios. La banca europea, sin embargo, ha expresado reticencias: la Federación Bancaria Europea estima un costo de adaptación de 18.000 millones de euros, mientras el BCE lo sitúa entre 4.000 y 5.800 millones, y advierte sobre el riesgo de que los clientes trasladen fondos desde cuentas corrientes hacia la nueva moneda digital.

En América Latina, la experiencia brasileña con el Pix —un sistema de pagos instantáneos de infraestructura pública, pero que no constituye una moneda digital de banco central— es observada como un referente de soberanía en medios de pago. Analistas en São Paulo y Ciudad de México señalan que el euro digital comparte el objetivo de reducir la influencia de los gigantes tecnológicos estadounidenses, aunque su arquitectura como pasivo directo del banco central lo diferencia de las soluciones privadas de transferencia inmediata. La votación en la Eurocámara se produce en un contexto global de aceleración de los proyectos de monedas digitales de banco central, con China, Nigeria y varios países caribeños en fases avanzadas.

Los grupos de extrema derecha —Patriotas, Europa de las Naciones Soberanas y Conservadores y Reformistas— votaron en contra del texto, según el recuento facilitado por fuentes parlamentarias. Si alguno de ellos ejerce su derecho de objeción, el reglamento deberá ser sometido a la sesión plenaria de julio, donde se anticipa un respaldo amplio. Una vez adoptada la posición del Parlamento, comenzarán las negociaciones con los Estados miembros y la Comisión, con la meta de cerrar el marco legal antes de fin de año. El BCE dispondrá entonces de la base jurídica para iniciar la fase de pruebas y avanzar hacia la emisión del euro digital.