El mercado de la vivienda en España ha entrado en una espiral de precios que deja a la mayoría de los inquilinos sin posibilidad de dar el salto a la propiedad. Según el Instituto Nacional de Estadística, el índice de precios avanzó un 12,9% interanual en el primer trimestre de 2026, situándose ya un 26% por encima del máximo histórico alcanzado durante la burbuja de 2007. La vivienda nueva supera aquel pico en un 45%, mientras que la de segunda mano lo rebasa en un 14%. Este encarecimiento ha elevado la barrera de acceso a niveles insólitos: el Banco de España advierte en su último informe de estabilidad financiera que el 86% de los hogares en alquiler carece del ahorro necesario para comprar una vivienda, una cifra que refleja la cronificación del arrendamiento forzoso.

En paralelo a esta tensión de precios, el Gobierno español ha desplegado un refuerzo de la protección a los arrendatarios que incluye la posibilidad de prorrogar contratos incluso si el propietario no desea renovar, según la reforma de la ley de viviendas. Expertos del sector inmobiliario advierten de que medidas como esta, unidas a la obligación fiscal de tributar por las viviendas vacías como si estuvieran alquiladas —la llamada imputación de renta inmobiliaria—, pueden desincentivar la puesta de pisos en el mercado, reduciendo aún más la oferta disponible. A ello se suma la exigencia de indemnizaciones a los propietarios que no informen debidamente a los inquilinos en caso de venta, lo que añade capas de cautela a la gestión de los arrendamientos.

La problemática no es exclusiva de España. Desde Teherán, los comentarios de ciudadanos en medios locales revelan un malestar creciente ante la duplicación de los alquileres y la ineficacia de los topes anuales fijados por el Gobierno. En la provincia de Zanyán, por ejemplo, apenas un 6% de los solicitantes consiguió acceder a los préstamos para depósitos de alquiler, pese a que la necesidad real se estima en 50.000 créditos. Las entidades financieras, con criterios restrictivos, sólo otorgaron 5.000 préstamos en todo el año pasado. Ante este escenario, los inquilinos iraníes optan cada vez más por renovar contratos existentes para evitar los costes de una mudanza, mientras los propietarios moderan las subidas para no quedarse sin arrendatarios.

A miles de kilómetros, en Abu Dabi, la reciente congelación de las rentas ha sido recibida con alivio, pero los analistas locales señalan una paradoja: los mayores beneficiarios no son los inquilinos ya instalados, que simplemente evitan un aumento, sino aquellos que firman nuevos contratos sobre viviendas que antes estaban alquiladas. Estos últimos acceden a precios más bajos que los del mercado, obteniendo así una ventaja única, mientras que los propietarios ven limitada su capacidad de actualizar rentas en renovaciones.

La confluencia de estas realidades muestra que las intervenciones públicas sobre el alquiler, por bienintencionadas que sean, a menudo generan efectos secundarios difíciles de calibrar. Desde las capitales europeas hasta los emiratos del Golfo, la falta de ahorro familiar y la presión inflacionaria obligan a los Estados a actuar, pero el equilibrio entre protección social y estímulo a la oferta de vivienda sigue siendo esquivo. Sin políticas que amplíen significativamente el parque de pisos asequibles y flexibilicen la financiación a los hogares más vulnerables, la escalada de precios y la incertidumbre normativa mantendrán a millones de inquilinos atrapados en un mercado que no ofrece salida.