El Tribunal Supremo de Israel emitió el miércoles una orden provisional que congela la entrada en vigor de la ley aprobada un día antes por la Knesset, la cual suspendía las detenciones y los procedimientos penales contra estudiantes ultraortodoxos de yeshivá que eludieran la conscripción. El magistrado Ofer Grosskopf fundamentó la medida en la jurisprudencia reiterada del alto tribunal sobre el reclutamiento igualitario y en el riesgo de crear un régimen de inmunidad penal exclusivo para un sector de la población. La corte exige además al Parlamento y al Gobierno que expliquen por qué la norma no debería ser anulada, y ha ordenado que los recursos se ventilen con celeridad ante un panel ampliado.

La decisión judicial se produce en un momento de máxima fricción política. La Knesset se disolvió el 17 de julio y las elecciones generales están fijadas para el 27 de octubre, las primeras celebradas en la fecha prevista desde 1988. Según sondeos difundidos por la radiotelevisión pública israelí, el exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot lidera la intención de voto con su nuevo partido, mientras el primer ministro Benjamín Netanyahu refuerza su control sobre el Likud al reservarse la facultad de designar directamente ocho candidatos entre los treinta primeros puestos de la lista. La oposición, encabezada por Yair Lapid y Avigdor Liberman, ha convertido la exención de los haredim en uno de los ejes de la campaña, en un contexto donde el 25 % del electorado identifica la seguridad como la prioridad determinante, por delante de la investigación de los fallos del 7 de octubre o del coste de la vida.

La ley ahora suspendida, aprobada por 58 votos contra 54, había sido impulsada por los partidos ultraortodoxos como condición para respaldar otras iniciativas legislativas de la coalición. La norma establecía una moratoria de las sanciones penales hasta el 30 de noviembre, prorrogable de facto hasta tres meses después de la constitución del nuevo Parlamento, y se aplicaba también a los nuevos prófugos. Los asesores jurídicos de la Knesset advirtieron de que la medida otorgaba inmunidad a los estudiantes de yeshivá mientras mantenía las consecuencias penales para el resto de la población. Días antes, la misma mayoría parlamentaria había aprobado una Ley Básica que declara el estudio de la Torá “valor fundamental en la herencia del pueblo judío y en el Estado de Israel”, texto que la Fiscalía General y organizaciones como el Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel consideran un intento de blindar por la vía constitucional la exención del servicio militar.

Desde la óptica del Banco de Israel, el debate sobre la integración de los ultraortodoxos trasciende lo militar. El gobernador Amir Yaron advirtió en una conferencia económica que la deuda pública ha escalado del 60 % al 70 % del PIB desde 2023 y que el gasto en defensa se ha duplicado hasta alcanzar el 8 % del producto. Yaron instó al próximo gobierno a contener el endeudamiento, invertir en educación e infraestructura y aumentar la participación de los haredim en el mercado laboral, al tiempo que abogó por subir impuestos en 2027. El director de Presupuestos, Maharan Frozenfar, se opuso a esa vía y defendió que un mayor crecimiento bastaría para aliviar la carga. Mientras la corte se prepara para examinar el fondo de los recursos, la campaña electoral israelí queda atravesada por un doble pulso: el jurídico-constitucional sobre la igualdad ante el servicio militar y el fiscal sobre la sostenibilidad de un modelo de seguridad que, según el banco central, exige decisiones difíciles.