El Parlamento italiano dio luz verde definitiva al decreto de repatriación voluntaria asistida, una norma que había generado tensiones desde su redacción inicial y que ahora se convierte en ley con 147 votos a favor, 93 en contra y 3 abstenciones. El texto, que no sufrió modificaciones tras su paso por el Senado, establece un mecanismo de compensación económica —vigente entre 2026 y 2028— para los representantes legales que asistan a ciudadanos extranjeros en la solicitud de programas de retorno voluntario. La versión original incluía a los abogados entre los beneficiarios, pero las críticas de la oposición y las protestas de sectores jurídicos forzaron su exclusión, revelando las costuras políticas de un debate que en el hemiciclo italiano enfrentó a la coalición de derechas con una izquierda que denunció «hipocresía» y con los diputados afines al general Vannacci, quienes monopolizaron buena parte de las intervenciones sin que los partidos de gobierno replicaran.

Desde Bruselas, el giro normativo italiano se enmarca en una reorientación más amplia de la política migratoria europea. Tras años de enfoques centrados en la acogida, la Unión Europea ha decidido financiar los denominados return hubs, centros de retención para migrantes situados fuera de las fronteras comunitarias, una iniciativa impulsada principalmente por Italia y Alemania. La primera ministra Giorgia Meloni ha logrado colocar la gestión migratoria en el centro de la agenda europea durante su mandato, y el nuevo reglamento de retorno, aprobado definitivamente esta semana, sustituye un marco legal que Bruselas considera disfuncional desde hace casi una década. La norma se aplicará de inmediato y abre la puerta a acuerdos con terceros países para externalizar el control de los flujos irregulares.

En París, la adopción del reglamento europeo ha reavivado el debate interno. El eurodiputado François-Xavier Bellamy, vicepresidente del partido Los Republicanos, instó al Gobierno francés a utilizar sin demora las nuevas herramientas legales para crear centros de retención extraterritoriales en cooperación con países socios. Bellamy subrayó que, tras ocho años de bloqueo en la revisión de la normativa, la Unión dispone por fin de un instrumento que permite superar la «décadas de fracaso» en la lucha contra la inmigración ilegal, aunque la voluntad política de los ejecutivos nacionales será determinante para su eficacia.

Mientras Europa redefine su perímetro migratorio, en el norte de África también se registran movimientos legislativos de calado, aunque de naturaleza distinta. La Cámara de Representantes de Marruecos adoptó por mayoría un proyecto de ley que modifica el Código de Derechos Reales, con el objetivo de corregir disfunciones en la redacción de actos sobre bienes inmuebles y derechos reales, en particular aquellos relativos a propiedades no transferibles o sujetas a procedimientos especiales. La reforma, presentada por el ministro de Justicia, Abdelatif Ouahbi, busca modernizar el marco jurídico de la propiedad en un país que es a la vez socio clave de la Unión Europea en materia de control migratorio y actor con una agenda legislativa propia.

El contraste entre las prioridades legislativas a ambas orillas del Mediterráneo ilustra la complejidad del momento: mientras Roma y Bruselas aceleran hacia una externalización del control migratorio con incentivos económicos al retorno y centros fuera de la Unión, la viabilidad de estos mecanismos dependerá de la cooperación con países terceros, muchos de los cuales, como Marruecos, avanzan en sus propias reformas internas sin subordinar su agenda a las urgencias europeas. La nueva ley italiana y el reglamento comunitario son, en este sentido, el inicio de una negociación geopolítica más amplia cuyo desenlace definirá la arquitectura migratoria de la próxima década.