El poder judicial iraní confirmó este martes la ejecución de Javad Zamani y Abolfazl Saedi, dos jóvenes condenados por su participación en las protestas antigubernamentales que sacudieron el país en enero de 2026. Según la agencia oficial Mizan, ambos fueron declarados culpables de 'moharebeh' (guerra contra Dios) y 'corrupción en la tierra' por actos de destrucción de bienes públicos y privados, uso de armas y alteración del orden en la ciudad de Shahrud. Se trata de la primera aplicación de la pena capital contra manifestantes desde que Teherán y Washington anunciaran un acuerdo para poner fin a la guerra de 40 días que estalló tras aquellas movilizaciones, un gesto que, desde la óptica de analistas en Washington, subraya la determinación del régimen de mantener el control interno pese a los compromisos diplomáticos.

La ejecución se inscribe en una escalada represiva que, según la Fundación Abdorrahman Boroumand, ha dejado al menos 746 ejecuciones documentadas en lo que va de 2026, de las cuales 45 corresponden a presos políticos o manifestantes. La campaña iraní 'Martes sin Ejecuciones' denunció que el aumento de sentencias capitales responde a un 'intento desesperado' del gobierno por contener la ira popular ante la crisis económica y la represión. En un comunicado difundido este mismo martes, la iniciativa advirtió que cientos de presos acusados de delitos comunes son condenados a muerte en secreto, mientras las ejecuciones de disidentes se aceleran en un clima de opacidad judicial.

Organizaciones internacionales de derechos humanos han encendido las alarmas ante la inminencia de nuevos casos. Amnistía Internacional, con sede en Londres, alertó sobre el traslado de Ali Fattah y Mohammad Naghizadeh a la prisión de Ghezel Hesar, paso que suele preceder a la ejecución tras la confirmación de sus condenas por el Tribunal Supremo. La ONG exigió la suspensión inmediata de las penas y denunció que las sentencias se basan en confesiones obtenidas bajo tortura, una práctica que, desde la perspectiva de juristas europeos, viola de forma flagrante el derecho a un juicio justo y las convenciones internacionales contra la tortura. Paralelamente, la organización Hengaw, que monitorea la situación de los kurdos iraníes, reportó un incremento del riesgo de ejecución para Alireza Peyghambari, también trasladado a la misma cárcel.

La ofensiva judicial coincide con un momento de alta tensión geopolítica. Las protestas de enero, que el régimen calificó de 'intento de golpe de Estado' instigado por Estados Unidos e Israel, desencadenaron una breve pero intensa confrontación militar entre Irán y Washington. Aunque el alto el fuego reciente abrió una ventana de distensión, observadores en América Latina señalan que la continuidad de las ejecuciones políticas podría erosionar la credibilidad de Teherán en eventuales negociaciones y reforzar las críticas de quienes ven en el sistema judicial un instrumento de venganza estatal. Mientras tanto, la sociedad iraní, agobiada por la inflación y el descontento, observa cómo el patíbulo se convierte en la respuesta oficial a la disidencia, en un ciclo que, según analistas europeos, difícilmente logrará sofocar las causas profundas del malestar.