El Parlamento de Indonesia ha dado luz verde a una serie de partidas presupuestarias clave para 2027, destacando la asignación de 49,8 billones de rupias al Ministerio de Finanzas y un incremento del 26 % en los fondos para Energía y Recursos Minerales, que alcanzarán los 27,33 billones de rupias. En paralelo, la Comisión Electoral ha reservado 1,4 billones de rupias para iniciar el próximo año las etapas preparatorias de los comicios de 2029, un calendario que refleja la voluntad de Yakarta de blindar la estabilidad institucional con suficiente antelación.

En el ámbito energético, el Gobierno concentrará el 82 % del presupuesto en programas estratégicos e infraestructura, con una partida destacada de 5,2 billones de rupias destinada a extender la red de gas natural a casi un millón de hogares. Esta apuesta por el gas como vector de transición doméstica se complementa con una medida más controvertida: la relajación de las cuotas de producción de carbón. El ministro justificó la decisión por el alza de los precios internacionales, exacerbada por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha disparado la demanda del mineral. La estrategia indonesia combina así la expansión de energías más limpias con el aprovechamiento coyuntural de los combustibles fósiles, una dualidad que suscita debate entre los analistas del Sudeste Asiático.

Mientras tanto, desde África Occidental llegan señales de alarma fiscal. La organización cívica BudgIT ha calificado el presupuesto nigeriano de 2026 de “ambicioso pero inviable”, al proyectar un déficit de 31,5 billones de nairas, equivalente al 6,4 % del PIB, más del doble del límite legal del 3 %. Con unos ingresos que apenas cubren el 54 % del gasto previsto, el Gobierno de Abuya depende del endeudamiento para sostener sus cuentas, una práctica que, según observadores locales, se ha enquistado pese a las reiteradas advertencias. La situación nigeriana ilustra los riesgos de una arquitectura fiscal estructuralmente desequilibrada en economías emergentes altamente expuestas a la volatilidad de las materias primas.

En América Latina, las proyecciones también se deterioran. El informe Prisma Fiscal de junio, divulgado por el Ministerio de Hacienda brasileño, elevó la mediana del déficit primario del gobierno central para 2026 de 57.800 a 59.000 millones de reales, y empeoró las estimaciones para 2027. Los analistas en Brasilia atribuyen el deterioro a una combinación de menor crecimiento económico y rigideces del gasto público, en un contexto donde la inflación sigue sin ceder. Este panorama refuerza la percepción de que las principales economías del Sur Global enfrentan un entorno de restricciones fiscales cada vez más exigente.

En conjunto, los movimientos presupuestarios de Indonesia, Nigeria y Brasil dibujan un mapa de contrastes. Mientras Yakarta invierte con fuerza en infraestructura y preparación electoral, confiando en los ingresos del carbón y en una planificación a largo plazo, otras latitudes lidian con déficits que ponen a prueba los marcos legales y la credibilidad de las finanzas públicas. La capacidad de estos países para equilibrar ambiciones de desarrollo con disciplina fiscal será determinante en un ciclo global marcado por tensiones geopolíticas y transiciones energéticas aún inciertas.