El Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información de la India (MeitY) ha ordenado convocar a ejecutivos de Meta para que expliquen la aparición de anuncios pagados en Instagram que promocionaban material de abuso sexual infantil, según fuentes gubernamentales citadas por la prensa local. La decisión se produce horas después de que una investigación de la cadena británica BBC revelara que la plataforma aprobó y difundió contenidos con términos como “vídeo de violación” y “vídeo infantil”, que redirigían a canales de Telegram donde se vendía ese material por 99 rupias. Esta citación es la segunda acción del Gobierno contra Meta en una misma semana: el miércoles anterior, el ministerio ya había emitido un aviso formal a WhatsApp —propiedad de Meta— para que suspendiera el despliegue de su nueva función de nombre de usuario, al considerar que podría incrementar fraudes, suplantaciones de identidad y estafas digitales. En paralelo, los servicios de mensajería Telegram y Signal también recibieron requerimientos para que detallen sus salvaguardas ante riesgos similares.

Desde la óptica de Nueva Delhi, la ofensiva regulatoria se sustenta en las obligaciones de diligencia debida que la Ley de Tecnología de la Información impone a los intermediarios significativos. El secretario del MeitY, S. Krishnan, advirtió que el anonimato que facilitan los nombres de usuario “puede alentar la comisión de delitos cibernéticos” y abrir una nueva dimensión de vulnerabilidad. La administración de Narendra Modi ha recordado a las plataformas que, en febrero de este año, se redujo de 36 a 3 horas el plazo para retirar contenidos señalados por el Gobierno, una medida que ya tensó las relaciones con X (antes Twitter). En el caso de los anuncios de Instagram, el Ejecutivo indio busca determinar cómo los sistemas de moderación automatizada permitieron la publicación de material ilegal y por qué, según la BBC, un anuncio denunciado no fue retirado inicialmente por no infringir supuestamente las normas comunitarias.

Meta, por su parte, ha asegurado que desactivó varios anuncios, suspendió las cuentas que los publicaban y bloqueó las URL vinculadas a los canales de Telegram, además de afirmar que reporta los casos de explotación infantil al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC). Telegram indicó que en lo que va de 2026 ha eliminado más de 274.000 grupos y canales relacionados con material de abuso sexual infantil. Sin embargo, la investigación periodística mostró que uno de los canales denunciados seguía activo y ofreciendo nuevos vídeos. La Fundación para la Libertad en Internet, organización de derechos digitales con sede en Nueva Delhi, ha solicitado la revocación de todas las notificaciones y ha calificado la ofensiva como “una red de vigilancia que se expande sin fundamento legal”, especialmente preocupante en el caso de Signal, utilizado por periodistas y activistas.

Analistas en América Latina observan que el endurecimiento indio se inscribe en un debate global sobre la responsabilidad de las plataformas, similar al que enfrentan países como Brasil con la regulación de las redes sociales o México con las exigencias de transparencia a las aplicaciones de mensajería. El historial de choques entre el Gobierno de Modi y las tecnológicas —incluido el bloqueo temporal de Telegram en junio durante los exámenes de ingreso a la universidad— sugiere que Nueva Delhi está dispuesta a utilizar tanto la presión diplomática como las sanciones administrativas para imponer sus criterios. El ministerio ha dado a Meta un plazo de tres días para responder sobre la función de nombre de usuario de WhatsApp y ha condicionado cualquier despliegue futuro a que las explicaciones resulten satisfactorias. La comparecencia de los directivos de Meta por los anuncios de Instagram se espera en los próximos días, mientras el Gobierno evalúa si inicia procedimientos formales bajo la ley de tecnologías de la información.