El Parlamento francés aprobó el martes, con 279 votos a favor y 81 en contra en la Asamblea Nacional, la ley que prohíbe el acceso de los menores de 15 años a las redes sociales. La norma, que aún debe ser revisada por el Consejo Constitucional, se aplicará en dos fases: a partir del 1 de septiembre de 2026 los adolescentes no podrán crear nuevas cuentas, y desde enero de 2027 las plataformas deberán cerrar los perfiles ya existentes. El texto extiende además la prohibición de teléfonos móviles a los liceos y no contempla sanciones para las familias, pero exige a las empresas tecnológicas implementar sistemas de verificación de edad.

Desde el Elíseo, el presidente Emmanuel Macron presentó la medida como “un gran paso adelante” y un compromiso de su segundo mandato, al sostener que “el cerebro de nuestros niños no está en venta”. La ministra delegada de Asuntos Digitales, Anne Le Hénanff, defendió la viabilidad del calendario al afirmar que ya existen herramientas como France Identité o Docaposte. En contraste, legisladores de la izquierda ecologista y de Francia Insumisa calificaron la ley de “texto de postureo” y anunciaron que recurrirán al Consejo Constitucional por considerar que amenaza el anonimato en línea y plantea dudas sobre su constitucionalidad. Desde Bruselas, la Comisión Europea había advertido que la redacción inicial del proyecto se solapaba con la Ley de Servicios Digitales de la UE, lo que obligó a introducir enmiendas de última hora para evitar una fragmentación jurídica en el mercado único.

La decisión francesa se inscribe en una tendencia regulatoria global. Australia fue el primer país en imponer un veto para menores de 16 años en diciembre de 2025, aunque informes de su comisión de seguridad electrónica indican que siete de cada diez adolescentes afectados siguen accediendo a las plataformas. El Reino Unido aprobó una prohibición similar para los menores de 16 años, acompañada de un toque de queda digital nocturno para los jóvenes de 16 y 17 años, que entrará en vigor en 2027. Según fuentes comunitarias, al menos quince Estados miembros de la UE —entre ellos España, Grecia, Dinamarca y Polonia— preparan legislaciones análogas, mientras la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, impulsa un acceso “progresivo y gradual” de los menores a las plataformas, con una propuesta legislativa prevista para después del verano boreal. En América Latina, analistas observan que el debate está menos desarrollado, aunque países como Brasil ya discuten restricciones al uso de celulares en las escuelas, y la norma francesa podría servir de referencia para futuras discusiones sobre la infancia digital en la región.

El principal desafío técnico radica en la verificación de edad sin comprometer la privacidad. La ley francesa delega en las plataformas la elección del método, pero críticos advierten que exigir documentos de identidad o reconocimiento facial podría instaurar un control masivo de identidad en internet. La experiencia australiana muestra que muchos menores eluden el veto mediante VPN o datos falsos. El Consejo Constitucional francés deberá pronunciarse sobre la conformidad de la ley con la Carta Magna, un trámite que podría retrasar su entrada en vigor. Mientras tanto, la Comisión Europea prepara su propia iniciativa para armonizar las restricciones nacionales, lo que abre un escenario de negociación entre la soberanía de los Estados y la integridad del mercado único digital. El expediente queda abierto y el caso francés será observado como un banco de pruebas sobre la viabilidad de las restricciones de acceso por edad en democracias liberales.