La localidad chaqueña de Tres Isletas, en el norte argentino, se convirtió esta semana en el epicentro de un crimen que estremece por su crudeza y por la identidad de la presunta autora. Irma Gladis Pérez, de 58 años, se presentó voluntariamente en una comisaría y confesó haber asesinado a su hija, Pamela Magalí Gauna, de 28, con un cuchillo de carnicero en la vivienda que compartían. El caso, calificado por la fiscalía como un presunto filicidio, incorporó un elemento inquietante: un audio en el que la acusada advertía que prefería matar a su hija antes que permitir que ella se marchara a Buenos Aires y «la jugaran» allí. Los investigadores chaqueños intentan ahora determinar si ese mensaje, enviado a un tío de la víctima poco antes del hallazgo del cuerpo, constituye la clave del móvil o si existían antecedentes de violencia intrafamiliar que, según los primeros testimonios, no resultaban evidentes para el entorno cercano.

En la misma geografía argentina, pero a casi dos mil kilómetros de distancia, otra muerte trágica de una menor sacude a la provincia de Chubut. Una niña de cinco años falleció el pasado sábado tras ser atacada por un perro en la zona costera de Playa Magagna, cerca de Rawson, mientras disfrutaba de un fin de semana largo con su familia. La madre de la pequeña, Marcia Miranda, ha cuestionado con firmeza la versión oficial que señala a un único animal bajo custodia, y sostiene que en el lugar había otros perros sueltos que también participaron en la agresión. El Ministerio Público Fiscal mantiene abierta la investigación, pero la controversia sobre la responsabilidad de los dueños y el control de animales en espacios turísticos ya domina el debate público en la región patagónica.

Desde la óptica de Asia Meridional, un episodio similar reaviva la preocupación por la seguridad infantil en entornos urbanos. En Sahakarnagar, al norte de Bengaluru, una niña de tres años y medio, hija de trabajadores migrantes, fue embestida por una jauría de entre ocho y diez perros callejeros mientras jugaba en la calle. Las imágenes de circuito cerrado captaron el momento en que al menos tres animales se abalanzaron sobre la menor, quien sufrió heridas profundas en manos, piernas y otras partes del cuerpo. Una mujer que observó la escena desde lejos logró espantar a los perros y la víctima fue hospitalizada; las autoridades locales confirmaron que se encuentra estable, aunque deberá completar un esquema de vacunación. El caso ha reabierto en India el espinoso debate sobre la gestión de las poblaciones caninas callejeras y la desprotección de los hijos de familias migrantes en las periferias urbanas.

En Europa, la violencia contra las mujeres y los menores adopta otras formas igualmente devastadoras. El Tribunal Regional de Augsburgo, en Alemania, condenó a cadena perpetua a un hombre de 30 años por el asesinato por encargo de una madre de tres hijos. La víctima, de la misma edad, recibió cuatro disparos en la cabeza en su domicilio en mayo de 2025, en presencia de dos de sus pequeños: una niña de ocho años que telefoneó a su abuela al encontrar a su madre ensangrentada, y un bebé de año y medio. La sala consideró probado que el excompañero sentimental de la fallecida, de 43 años, instigó el crimen por celos y proporcionó el arma homicida. «Fue una ejecución de la madre ante los ojos de los niños, brutal y cruel», sentenció el juez presidente Michael Eberle, subrayando el trauma irreversible infligido a los menores.

Analistas en Buenos Aires y Ciudad de México coinciden en que estos casos, aunque dispares en su naturaleza y contexto jurídico, comparten un denominador común: la exposición de niños y jóvenes a violencias extremas que los sistemas de protección no lograron anticipar. Mientras en Argentina la figura del filicidio reabre el debate sobre la detección temprana de trastornos mentales y la eficacia de las medidas cautelares en el ámbito doméstico, en India la atención se centra en la corresponsabilidad municipal ante la proliferación de perros sin dueño. Desde Bruselas, la condena ejemplar en Augsburgo se interpreta como un mensaje de firmeza judicial frente a la violencia machista, pero también como un recordatorio de que los hijos de las víctimas quedan marcados de por vida. En todos los escenarios, la pregunta que sobrevuela es la misma: cuántas señales fueron ignoradas antes de que la tragedia se consumara.