La decisión del gobierno francés de rescindir el contrato de su Dirección General de Seguridad Interior con la empresa estadounidense Palantir ha marcado un punto de inflexión simbólico en la relación transatlántica con los gigantes tecnológicos de Silicon Valley. El primer ministro Sébastien Lecornu anunció que los servicios de inteligencia internos migrarán sus operaciones de análisis masivo de datos a una solución desarrollada por la startup francesa ChapsVision, en un movimiento que, según fuentes oficiales, busca garantizar la “autonomía estratégica digital” del país. Aunque el ministro de Economía, Roland Lescure, admitió en la feria VivaTech que el despliegue completo podría demorarse hasta 2027 debido a complejidades técnicas, el mensaje político fue inequívoco: París ya no quiere depender de la “buena voluntad de socios extranjeros” que pueden bloquear el acceso a tecnologías críticas.

La sacudida francesa se produce en un contexto de creciente desconfianza continental hacia Washington. Desde la óptica de Bruselas, la reciente decisión de Estados Unidos de restringir el acceso de actores no estadounidenses a sus modelos de inteligencia artificial más avanzados ha sido interpretada como una confirmación de que estas herramientas no son bienes comerciales neutros, sino activos geopolíticos. Un fallo del tribunal comercial de Zúrich, que abordó el papel de Palantir —fundada por el libertario Peter Thiel, estrecho aliado de Donald Trump—, reforzó la percepción de que la inteligencia artificial obedece cada vez más a lógicas de poder estatal. Analistas en Madrid y Buenos Aires coinciden en que la administración estadounidense ha dejado claro que el acceso a la frontera tecnológica estará condicionado por afinidades políticas, lo que obliga a repensar las dependencias digitales.

En ese clima, Italia ha optado por una vía de distanciamiento silencioso. Fuentes del gobierno de Roma indican que, sin rupturas estridentes, se ha congelado la firma de nuevos contratos estratégicos con Palantir, siguiendo la estela de París y Berlín. La cautela italiana refleja una toma de conciencia compartida: externalizar el análisis de datos sensibles en manos de empresas vinculadas a una administración estadounidense impredecible supone un riesgo inaceptable para la soberanía nacional. La idea de construir un “cerebro digital” estatal, análogo al proyecto francés, gana adeptos en el sur de Europa, aunque los plazos y las inversiones necesarias generan dudas sobre su viabilidad a corto plazo.

La respuesta más estructurada, sin embargo, se está gestando en el eje franco-alemán. En la misma feria VivaTech, el Instituto Nacional de Investigación en Ciencias y Tecnologías Digitales de Francia (INRIA) y el Centro Alemán de Investigación en Inteligencia Artificial (DFKI) anunciaron los primeros pasos para crear un centro conjunto de investigación y desarrollo. La iniciativa, impulsada por las sanciones tecnológicas de Washington, busca aunar capacidades europeas para diseñar modelos de IA que no dependan de las grandes corporaciones estadounidenses. Se trata de un proyecto que, aunque incipiente, aspira a dotar a la Unión Europea de una infraestructura soberana en un ámbito donde hoy reina una dependencia casi absoluta.

El giro europeo, sin embargo, enfrenta obstáculos considerables. La brecha de inversión y talento con Silicon Valley sigue siendo abismal, y la fragmentación de los mercados digitales nacionales dificulta la creación de campeones continentales. Mientras ChapsVision se prepara para un despliegue que llevará meses, la realidad es que la mayoría de las administraciones europeas siguen operando con software estadounidense. No obstante, la convergencia de señales —desde la decisión judicial suiza hasta la cautela italiana y la cooperación franco-alemana— dibuja un escenario en el que la soberanía digital ya no es un eslogan, sino un imperativo estratégico que comienza a materializarse en contratos, tribunales y laboratorios.