Las conversaciones entre Washington y Teherán para poner fin al conflicto armado abierto en febrero contienen una paradoja que fuentes iraníes describen como central: los incentivos económicos para sellar la paz podrían fortalecer al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), la fuerza de élite que Occidente considera un grupo terrorista. Cuatro altos funcionarios iraníes, citados en un informe de Reuters retomado por medios de cuatro continentes, aseguran que el IRGC está en una posición inmejorable para capturar los mayores beneficios de un levantamiento de sanciones, la reanudación de las exportaciones de petróleo y el retorno de la inversión extranjera. Esa ventaja, señalan las fuentes, deriva de décadas de experiencia en operaciones de evasión de restricciones y de una presencia que atraviesa todos los sectores rentables de la economía iraní.

El brazo ingenieril del IRGC, Khatam al‑Anbia, supervisa cientos de empresas afiliadas que operan en infraestructuras, energía, telecomunicaciones, automoción, turismo y logística. Fuentes en Teherán afirman que esta estructura maneja redes comerciales y navieras valoradas en miles de millones de dólares, y que el IRGC no publica datos financieros propios. La legislación de inversiones iraní obliga a las compañías extranjeras a aliarse con socios locales, lo que, según analistas europeos, convertiría al IRGC en una suerte de guardián de acceso a los contratos más lucrativos. La designación del Cuerpo como organización terrorista eleva el riesgo legal para las firmas occidentales incluso si solo interactúan indirectamente con entidades vinculadas a él, advierten juristas estadounidenses.

Jeremy Paner, ex investigador de sanciones del Departamento del Tesoro y hoy socio del bufete Hughes Hubbard & Reed, subrayó que “el IRGC mueve todos los hilos del sector petrolero”, por lo que cualquier negocio con Irán arrastra implicaciones legales graves. La Ley de Justicia contra los Patrocinadores del Terrorismo de 2016 permite a víctimas de ataques terroristas demandar a empresas estadounidenses que auxilien a grupos catalogados como terroristas, y el IRGC permanece en esa lista. Desde Bruselas, se considera que el solapamiento entre la economía civil y el entramado de la Guardia Revolucionaria hace prácticamente imposible aislar los beneficios comerciales de los fondos que podrían acabar reforzando su capacidad operativa.

La evolución política interna potencia el escenario. Tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei en los primeros bombardeos de la guerra, el IRGC respaldó la entronización de su hijo Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo, lo que fuentes iraníes interpretan como una muestra de su papel decisivo en la supervivencia del régimen. Incluso si las conversaciones no desembocan en un acuerdo amplio, los permisos temporales ya otorgados para la venta de crudo garantizan al Cuerpo una fuente inmediata de ingresos, mientras su dominio de los circuitos de elusión de sanciones le permitiría conservar el control de la economía. Por ahora, los negociadores manejan un programa de reconstrucción dotado con trescientos mil millones de dólares, y diplomáticos en Viena prevén que las próximas semanas serán decisivas para definir el alcance final del pacto.