El cuerpo sin vida de María Camila Potosí, una joven de 21 años con un embarazo de ocho meses, fue localizado el 20 de julio a orillas del río Meléndez, en la vía hacia La Buitrera (Cali). Según fuentes policiales citadas por medios locales, la víctima presentaba heridas de arma blanca, estaba envuelta en sábanas y atada de pies y manos. Su madre, Alba Ruby Gómez, denunció que el feto no se encontraba en el vientre al reconocer el cadáver, un dato que Medicina Legal aún no ha confirmado oficialmente, pero que ha convertido la búsqueda del bebé en una carrera contrarreloj.

Las primeras indagaciones se centran en una mujer que fue grabada junto a Potosí en una motocicleta el día de su desaparición, el 16 de julio. De acuerdo con testimonios recabados por la prensa colombiana, la sospechosa habría ofrecido versiones contradictorias y su expareja aseguró que fingió dos embarazos durante su relación. El brigadier general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, indicó que al menos cuatro personas podrían estar implicadas. Las autoridades elevaron la recompensa a 200 millones de pesos para obtener información que conduzca a los responsables y al paradero de la niña.

El crimen se produjo en un contexto de creciente violencia de género que llevó a la Defensoría del Pueblo a emitir una alerta nacional. La entidad recordó otros feminicidios recientes —los de María Alejandra Castaño en el Tolima, Herianny Montilla en Barranquilla o Yasleidis Martínez en Valledupar— y exigió que se investigue si existen conexiones con redes criminales. Además, instó a evitar interpretaciones que reduzcan estos hechos a “intolerancia” o conflictos de pareja. En México, mientras tanto, el informe mensual sobre violencia contra las mujeres del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 7.476 víctimas de lesiones dolosas solo en junio, la segunda cifra más elevada desde 2015.

A diez años del Acuerdo de Paz con las FARC, el presidente electo Abelardo de la Espriella —quien asumirá el cargo el 7 de agosto— calificó el asesinato de “aberrante” y prometió que la protección de las mujeres será una política prioritaria de su Gobierno. Sin embargo, en los barrios de Bogotá donde las víctimas del conflicto aún esperan justicia, como denunció Amparo Moreno —cuyo hijo fue asesinado por una disidencia—, el temor a que la ofensiva militar reactive la violencia convive con la esperanza de un freno a la impunidad. La investigación del caso Potosí continúa abierta y, por ahora, no se han producido capturas.