La economía china exhibe una dualidad cada vez más marcada. En mayo, las ventas minoristas cayeron un 0,6% interanual, la primera contracción desde diciembre de 2022, reflejando la fragilidad del consumo interno. El desplome fue especialmente acusado en bienes duraderos y discrecionales: las ventas de automóviles se hundieron un 16,1%. Al mismo tiempo, los precios de la vivienda en las 70 principales ciudades profundizaron su espiral descendente, con un retroceso del 3,6% respecto al año anterior y caídas mensuales en 52 urbes. La inversión en activos fijos también se contrajo un 4,1% en los primeros cinco meses del año, completando un panorama de demanda interna debilitada que contrasta con el dinamismo fabril: la producción industrial creció un 4,5% interanual, superando las expectativas de los analistas.

Ese vigor manufacturero, sin embargo, no está siendo absorbido por el mercado doméstico. El excedente se vuelca hacia los mercados internacionales, generando lo que desde Washington y Bruselas ya se denomina un “segundo shock chino”. Las tarifas impuestas por Estados Unidos durante años han redirigido las exportaciones chinas hacia Europa y otras regiones de Asia, donde los sectores automotriz, siderúrgico y de tecnologías verdes enfrentan una competencia de precios sin precedentes. En el G7, la preocupación por la “sobrecapacidad” china se ha convertido en eje de las discusiones comerciales. No obstante, Pekín rechaza esa etiqueta: la tasa de utilización de su sector siderúrgico, del 78,1%, se sitúa dentro del rango que la propia Unión Europea considera saludable. Desde la óptica china, las acusaciones son una cortina de humo para justificar medidas proteccionistas que, a la postre, encarecerán la transición energética global.

La inquietud no se limita a las capitales occidentales. En América Latina, analistas observan con cautela el redireccionamiento de los flujos comerciales chinos. Si bien la llegada de bienes de capital y tecnologías verdes a precios competitivos podría acelerar la descarbonización de economías como la brasileña o la chilena, también amenaza con desplazar a incipientes industrias locales que no pueden competir con la escala y los subsidios estatales chinos. Desde Madrid, la perspectiva es doble: como miembro de la Unión Europea, España respalda la investigación de Bruselas sobre vehículos eléctricos chinos, pero sus empresas de ingeniería y energías renovables mantienen una presencia significativa en el mercado chino y temen represalias que frenen proyectos conjuntos en terceros países.

El desafío para Pekín es estructural y urgente. La crisis inmobiliaria, que ya encadena tres años de caídas de precios, sigue minando la confianza de los hogares y lastrando el consumo. Sin una reactivación sólida de la demanda interna, la dependencia de las exportaciones para sostener el crecimiento industrial se intensificará, avivando las fricciones comerciales. Los responsables políticos chinos se enfrentan a un dilema: estimular el consumo con políticas fiscales más audaces o gestionar un entorno externo cada vez más hostil. Mientras, el mundo observa cómo la segunda economía global intenta equilibrar su motor interno sin provocar un choque proteccionista que ralentice la indispensable transición hacia una economía baja en carbono.