La epidemia de ébola causada por la cepa Bundibugyo —para la que no existe vacuna ni tratamiento aprobado— se ha extendido a la provincia de Alto Uélé, en el extremo nororiental de la República Democrática del Congo, lo que eleva a cuatro las demarcaciones afectadas y sitúa a unos 15 millones de personas en zona de riesgo. El salto continental se confirmó con el primer caso diagnosticado en Francia: un médico que trabajaba en un centro de tratamiento en el epicentro de Ituri y que, a su regreso, transitó por Kinshasa antes de llegar a suelo europeo. Las autoridades francesas mantienen bajo vigilancia domiciliaria a sus contactos durante 21 días, mientras el Ministerio de Salud congoleño impuso una cuarentena obligatoria para los viajeros que se desplacen desde las áreas afectadas hacia el resto del país.

La transmisión se ha visto favorecida por la combinación de una detección tardía —los primeros decesos sospechosos se remontan a enero, pero el brote no se declaró hasta el 15 de mayo— y la persistencia de ritos funerarios que implican contacto directo con los cuerpos, altamente contagiosos. En Ituri, que concentra más del 90% de los casos, la desconfianza de la población hacia los equipos sanitarios ha derivado en incidentes en centros de salud, donde familiares han irrumpido para reclamar los cadáveres. A esto se suma la inseguridad crónica provocada por grupos armados como el M23 y las ADF, que dificulta el rastreo de contactos y la logística de la respuesta. La Organización Mundial de la Salud reconoce que la propagación avanza más rápido que las medidas de contención, y tanto los Centros Africanos para el Control de Enfermedades como las autoridades sanitarias estadounidenses advierten de que este brote podría convertirse en uno de los más extensos jamás registrados.

En Kinshasa, la prohibición de concentraciones masivas decretada por el ministro del Interior, Jacquemain Shabani, ha sido interpretada por la oposición como un intento de sofocar una marcha de protesta convocada para el 8 de julio contra una reforma legal que, según sus críticos, permitiría al presidente Félix Tshisekedi perpetuarse en el poder. La coalición Lamuka y el partido Envol han llamado a desobedecer la medida, que también afecta a las provincias de Tshopo, Alto Uélé y Bajo Uélé, limítrofes con las zonas de contagio. El Gobierno no se ha pronunciado sobre estas acusaciones, pero el cruce entre la emergencia sanitaria y el calendario político añade una capa de complejidad a la gestión de la crisis.

Desde Ginebra, la OMS ha anunciado que los ensayos clínicos de nuevos antivirales podrían comenzar esta misma semana, un paso que los científicos consideran urgente dado que la tasa de letalidad de la cepa Bundibugyo ronda el 25,4% y que los centros de tratamiento en Ituri ya operan al límite de su capacidad. Mientras Uganda mantiene la vigilancia sobre 20 casos confirmados y dos fallecimientos, el foco inmediato está puesto en la evolución del paciente francés y en la capacidad de las autoridades para contener la cadena de transmisión en Alto Uélé, una provincia minera fronteriza con Sudán del Sur y la República Centroafricana, donde los flujos migratorios y el comercio informal de oro multiplican los riesgos de propagación transfronteriza.