Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron el norte de Venezuela con menos de un minuto de diferencia la semana pasada, derrumbando edificios y dejando un saldo provisional de casi 2.000 fallecidos, según cifras oficiales preliminares. Miles de personas quedaron atrapadas bajo los escombros, y las operaciones de búsqueda y rescate continúan en medio de una creciente desesperación. Hasta el sexto día, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que solo se había rescatado con vida a un niño de tres años, mientras los equipos internacionales se sumaban a las tareas.

En respuesta, Estados Unidos ha establecido una presencia militar significativa en Venezuela y sus alrededores. El general Francis Donovan, comandante del Comando Sur, confirmó que más de 900 efectivos se encuentran dentro del territorio venezolano y otros 800 están desplegados en centros logísticos del Caribe, como Puerto Rico y Curazao. Estas fuerzas participan en labores de búsqueda y rescate, ayudaron a restablecer el funcionamiento del aeropuerto principal y movilizaron recursos aéreos y navales para facilitar la llegada de ayuda humanitaria. Además, se han desplegado al menos cuatro drones MQ-9 Reaper que, junto con una célula de fusión de inteligencia en Miami, proporcionan información a las autoridades venezolanas sobre el estado de las vías y la ubicación de edificios dañados.

La operación representa un giro notable en la relación bilateral. El 3 de enero, fuerzas especiales estadounidenses capturaron al entonces presidente Nicolás Maduro en una incursión nocturna y lo trasladaron a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcoterrorismo. La acción fue condenada por legisladores progresistas en Washington, que la calificaron de violación del derecho internacional. El mes pasado, un ataque aéreo estadounidense coordinado con las nuevas autoridades abatió al líder de la organización criminal Tren de Aragua, otro indicio del acercamiento táctico. Desde la captura, el Tribunal Supremo venezolano designó a Delcy Rodríguez como presidenta interina y se restablecieron los canales diplomáticos, aunque Washington ha subrayado que la cooperación actual es temporal y no implica un reconocimiento permanente del nuevo gobierno.

En Caracas, la respuesta inicial del gobierno interino ha sido objeto de críticas. Residentes de las zonas afectadas denunciaron que durante los primeros días cruciales no se envió maquinaria pesada ni equipos especializados, viéndose obligados a cavar con las manos, palas y cuerdas. Imágenes de la televisión estatal mostraron el sábado la llegada de equipos de construcción pesada, y equipos de rescate extranjeros —incluido un grupo de Fairfax, Virginia, que rescató a una madre y su bebé de nueve meses— ayudaron a recuperar cuerpos. El general Donovan reconoció que décadas de mala gestión han deteriorado la infraestructura del país, y que la escasez de medicamentos y personal sanitario podría agravar la frustración social.

El Pentágono ha evitado fijar un plazo para la misión, remitiendo esa decisión al Departamento de Estado, que lidera el esfuerzo humanitario más amplio, valorado en 150 millones de dólares. No obstante, Donovan afirmó que las tropas no se están preparando para una presencia prolongada y que se retirarán una vez concluidas las tareas de socorro. Mientras tanto, la búsqueda de sobrevivientes prosigue y la cifra de víctimas podría aumentar a medida que se accede a zonas remotas.